La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa y organizaciones civiles exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales transparentar las investigaciones relacionadas con la planta de amoniaco de GPO, garantizar los derechos de las comunidades Yoreme-Mayo y establecer mecanismos de vigilancia sobre los proyectos industriales en la Bahía de Ohuira.