Política

Hospitales APP. Resistencia ciudadana al “robo del sexenio”

En un cambio de ruta, oposición y ciudadanía lograron que el Gobierno y el Congreso del Estado detuvieran la inminente aprobación de los dictámenes que comprometerían recursos federales del Sector Salud por 25 años. Es decir, la presión social logró, por lo menos en parte, una posibilidad que pudiera favorecer a todos los sinaloenses y no a unos cuantos. Los […]

En un cambio de ruta, oposición y ciudadanía lograron que el Gobierno y el Congreso del Estado detuvieran la inminente aprobación de los dictámenes que comprometerían recursos federales del Sector Salud por 25 años. Es decir, la presión social logró, por lo menos en parte, una posibilidad que pudiera favorecer a todos los sinaloenses y no a unos cuantos.

Los primeros en oponerse fueron los diputados del PRD y sorprendentemente 3 del PRI, quedando al final solos los perredistas y el priista Víctor Manuel Díaz Simental, presidente de la Comisión de Salud. A pesar de ellos, todo indicaba que era inminente la aprobación de la iniciativa de reformar los decretos que ampliarían las garantías en la construcción de los nuevos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán. Aunque tardía, porque aparentemente todo estaba perdido, resultó oportuna la entrada cuadro1al debate de algunos representantes de la iniciativa privada, sobre todo de Codesin y Coparmex, pues con ellos oponiéndose se optó por detener las cosas. Con un predictamen circulando entre los legisladores de las comisiones de Salud y Asistencia Social, Hacienda Pública y Administración y la de Planeación y Desarrollo desde diciembre de 2014, era prácticamente un hecho que el proyecto para la construcción de los hospitales mediante Contratos de Asociación Público Privada saldría adelante a pesar del rechazo social. Ante las señales, diversos grupos ciudadanos y empresariales, como Codesin, Iniciativa Sinaloa, Parlamento Ciudadano, entre otros, iniciaron la presión que culminaría con la detención del proceso legislativo para aprobar una obra pública que compromete por 25 años los recursos federales del Sector Salud. En medio de la polémica, se dio a conocer que el secretario general del Congreso del Estado, José Carlos Loaiza Aguirre, tenía la encomienda de buscar a todos los diputados de las comisiones dictaminadoras para que firmaran.

Su misión, según informó Díaz Simental luego de una reunión en la que supuestamente se trataría el tema y que no se realizó por falta de quórum, era buscar “hasta en su casa” a quienes debían firmar el documento para subirlo a tribuna. Al siguiente día, 9 de los 14 integrantes habían firmado: Héctor Melesio Cuen Ojeda, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Flor Esther Gastélum Vértiz, Luis Fernando Sandoval Morales, Óscar Javier Valdez López, Francisco Solano Urías, José Manuel Osuna Lizárraga, Ramón Barajas López, María Lorena Pérez Olivas y Renata Cota Álvarez.

MISTERIOSA ESPERA

Se esperaba que el dictamen se aprobara el mismo día que tuviera la primera lectura en el pleno, pero dicha estrategia se canceló. El 16 de enero se dio a conocer por parte del gobernador Mario López cuadro2Valdez que el proceso quedaría detenido hasta que no se despejaran todas las dudas que habían presentado los ciudadanos que se movilizaron. “Estoy convencido que nosotros tenemos que sacar proyectos que de origen no surjan con un tufo desagradable. No me deja cómodo el que haya cuestionamientos, en que se señale que hay opacidad, que diga que es un proyecto para beneficiar a ciertas familias, que se diga que esto es un gran negocio, que hay cuatro o cinco veces más caros los productos y que están inflados”, advirtió. Con este anuncio, el dictamen quedó detenido y sin un plazo para que siga su discusión en el pleno del Legislativo, siendo el 31 de enero el último día del periodo ordinario. Luego de que el gobernador hiciera su anuncio, Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que con las nuevas disposiciones de Gobierno se realizarían foros de consulta para informar y poder aclarar las dudas de la ciudadanía “Hemos platicado con empresarios, con Codesin, con los miembros de Coparmex, con profesionales de la medicina, con técnicos profesionales de la Secretaría de Hacienda federal; comparecieron los dos secretarios de Estado, tanto de Salud como de Finanzas, en un proceso muy intenso, de fondo”, declaró.

OPOSICIÓN Y HUIDA

Después de que el gobernador entregara al Congreso la iniciativa de reforma de decretos el 30 de julio de 2014, con carácter preferente, los primeros en mostrar oposición al dictamen fueron los diputados Ramón Lucas Lizárraga, Imelda Castro, Jesús Burgos Pinto, Sandra Lara Díaz y Víctor Díaz Simental. Pero no fue hasta que intervinieron integrantes de la Intercamaral, encabezados por Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, que las cosas se complicaroncuadro3 para los promotores de los hospitales. El 12 de enero, los empresarios acusaron ante los medios de comunicación que el precio total de los hospitales ascendería a 14 mil millones de pesos de ejecutarse tal cual la propuesta del Ejecutivo. A pesar de ello, el 14 de enero, un día antes de que el documento subiera al pleno, los diputados de las comisiones fueron citados a la sala de reuniones de la Jucopo para firmarlo. Solo lo hicieron Óscar Valdez, Francisco Solano, Luis Fernando Sandoval y Lorena Pérez. También los organismos ciudadanos acudieron a dicha reunión pero se les negó el acceso hasta que los diputados firmantes salieron por una puerta adjunta para no dar explicaciones. El único que defendió la decisión fue Solano Urías, argumentando que el proyecto es importante para el desarrollo del estado.

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