El Congreso del Estado declaró improcedente el proceso de desafuero contra el alcalde Sergio Torres Félix ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, considerando que solo el Ministerio Público tiene la facultad para solicitar un juicio de procedencia.

Sin embargo, la solicitud que hacía el tribunal no era por delito penal, sino por sanción administrativa, para lo cual, según la Ley de Justicia Administrativa, no es necesaria la intervención del MP.

“La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de facultades para solicitar su incoación, ya que únicamente puede ser solicitado por la institución del ministerio público, con motivo de una averiguación previa en contra de persona que goza de inmunidad procesal (fuero)”dice el documento.

El acuerdo fue votado a favor por mayoría de 26 diputados y 10 abstenciones.

La diputada Imelda Castro concluyó que el TCA no siguió el camino correcto al buscar la declaratoria del juicio de procedencia, y no se trata de que Sergio Torres y las autoridades se estén burlando del público.