A 165 días de que concluya el plazo para la implementación en México de la reforma constitucional en materia de justicia penal, el más reciente Análisis de Coyuntura del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), advierte retrasos significativos e incluso simulación.
“Tras ocho años de acciones y de recursos invertidos para implementar la transformación del sistema de procuración y administración de justicia penal, la meta debería de estar alcanzada”, señala.
Después de siete años y medio, nos encontremos ante dos posibles escenarios:
1) La ampliación del plazo constitucional para la implementación para lograr fortalecer los cambios, lo que implica una aceptación del Ejecutivo del incumplimiento de la meta, o
2) El anuncio formal de su implementación en todo el país dando por cumplido el mandato constitucional, pero en la realidad un sistema muy deficiente que abra las puertas al inicio de un proceso de contrarreforma que pretenda regresar al sistema tradicional.
Para el CIDAC ninguno de estos escenarios es deseable. Pero lo que sí es definitivo es que el 18 de junio de 2016 la calidad de la justicia en el país no será la que se prometió en la reforma promulgada en 2008.
El escenario más probable –ya que representa el menor costo político- es el segundo: vuelta a la página y a lo que sigue. Por ello, a estas alturas del proceso la postura más realista y benéfica que las autoridades deben asumir es poner de lado los discursos demagógicos y reconocer que el proceso de reforma no estará acabado para 2016.
NO SE ACERCA LA JUSTICIA
Para Ricardo Beltrán Verduzco, secretario general de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Sinaloa va a cumplir legalmente con los plazos de la reforma, pero eso no garantiza que mejore la justicia, e incluso, advirtió que existe el riesgo de que se denuncie menos pues no se cumplirá con el propósito de acercar la justicia al justiciable y que esta sea más pronta y expedita.
“El sistema se va a implementar pero no como se quisiera”, lamentó el jurista.
SINALOA AL 70%
Por lo que hace a Sinaloa, el pasado 8 de enero en Mazatlán, el gobernador Mario López Valdez reportó un avance del 93% en la construcción del edificio del Centro de Justicia Penal donde se realizarán los juicios orales, pero también anunció que con ello solo se cubrirán 15 de los 18 municipios del estado.
En general, a Sinaloa le falta un 30% para quedar listo, pues todavía no se inicia la construcción de oficinas en el centro de la entidad, cuya jurisdicción incluye a Culiacán, Navolato y Badiraguato.
Los simuladores. El nuevo sistema de justicia penal contrarreloj.
ALGUNOS NÚMEROS
3,643.8 millones de pesos ha invertido el Gobierno federal en el proceso de implementación del sistema acusatorio.
484.5 millones de pesos se han ido solo en la capacitación de 36,512 operadores.
PARA SABER:
Sinaloa figura en el lugar 22 de los estados de la república en operar (aunque de manera parcial) el nuevo Sistema de Justicia Penal, con apenas 15 meses de operación. Solo siete estados reportan operación total y ellos son: Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Estado de México, Durango, Yucatán y Nuevo León. Solo Sonora se declara sin operación, pues apenas comenzará este año.
DATO CLAVE:
18 de junio de 2016. Concluye el plazo para que opere en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal.
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