Ciudadanía

Nueva Ley de Obras Públicas en Sinaloa, ¿con enfoque anticorrupción?

La nueva Ley de Obras Públicas para el estado de Sinaloa debe garantizar que el proceso completo de contratación es 100% transparente, es decir toda la información en una sola plataforma y en formatos abiertos. En Sinaloa, 13 diputados firmarán el dictamen que llevaría a tribuna la nueva Ley de Obras Públicas para el estado, […]

La nueva Ley de Obras Públicas para el estado de Sinaloa debe garantizar que el proceso completo de contratación es 100% transparente, es decir toda la información en una sola plataforma y en formatos abiertos.

En Sinaloa, 13 diputados firmarán el dictamen que llevaría a tribuna la nueva Ley de Obras Públicas para el estado, en cuya elaboración han participado la CMIC local, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros.

El proceso legislativo ha sido discrecional y opaco. Por ningún lado podemos leer abiertamente sobre los acuerdos tomados por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Comunicaciones y Obras Públicas, y de Planeación y Desarrollo, sobre este tema en particular que a cada uno nos afecta.

El predictamen tampoco está disponible para su análisis y mucho menos alguna ficha con las principales características de lo que podría convertirse pronto en ley.

iniciativa sinaloa

La obra pública es sin duda el eslabón más cercano a los ciudadanos de todas las inversiones que hacen nuestros gobiernos. La vivimos en las calles, en las escuelas, en los parques.

La transparencia legislativa urge. Mientras que nuestros diputados sigan hablando de Gobierno Abierto por moda y no por convicción, seguiremos teniendo sorpresas en tribuna como cuando suben a votación un dictamen cuyo proceso de elaboración no fue abierto a la ciudadanía en general, ni con el más básico de los requisitos que es la información legislativa puesta a disposición a través del portal institucional.

¿Tiene el dictamen de Ley de Obras Públicas para Sinaloa un enfoque anticorrupción? ¿Está elaborado para evitar los moches, las facturas infladas y apócrifas, y los desvíos de recursos etiquetados para infraestructura física que ya han observado las auditorías ciudadanas y autónomas de este país?

Este es el tema y el enfoque a defender tras la histórica aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado. La nueva Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el estado de Sinaloa debe estar alineada a la visión nacional que busca establecer controles más eficientes para evitar la corrupción que tanto daño nos hace (con obras inconclusas como el Hospital General y el Tiburonario de Mazatlán, por citar dos ejemplos).

A nivel federal, el dictamen para una nueva Ley de Obras Públicas está detenido en la Cámara, precisamente, porque organizaciones de la sociedad civil han advertido cláusulas que incrementarían la corrupción que se da en este tipo de procesos.

Si la 61 Legislatura de Sinaloa tiene prisa en sacar un dictamen de este tipo, bien haría en demostrar a los sinaloenses que ese marco jurídico servirá para que ningún diputado, funcionario o particular se siga beneficiando con los recursos públicos a través de este tipo de contratos.

La nueva Ley de Obras Públicas para el estado de Sinaloa debe garantizar que el proceso completo de contratación es 100% transparente (toda la información en una sola plataforma y en formatos abiertos); que la figura del testigo social participe en todas las etapas del proceso; que sea obligada la declaración de intereses para las partes; que se castigue a funcionarios y a particulares aprovechados.

Los diputados José Manuel Osuna, Francisco Solano y Marco Antonio Irízar, presidentes de las comisiones unidas responsables del dictamen, están frente a una oportunidad histórica. Ese dictamen debe convertirse en la primera ley de un Sistema Nacional Anticorrupción del que Sinaloa no se puede excluir. Ni modo, diputados: ¡A entrarle!, Que para eso están ahí.

Información tomada de Iniciativa Sinaloa A.C.

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