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Elecciones, un camino para castigar políticos corruptos: CIDAC

En los últimos 15 años, 14 gobernadores mexicanos han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por diversos delitos, pero solo 5 fueron encarcelados. En el país, las probabilidades de sancionar a un gobernador son tan bajas que incentiva la corrupción, por lo que las campañas políticas y coyunturas electorales aparecen como los únicos instrumentos […]

En los últimos 15 años, 14 gobernadores mexicanos han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por diversos delitos, pero solo 5 fueron encarcelados. En el país, las probabilidades de sancionar a un gobernador son tan bajas que incentiva la corrupción, por lo que las campañas políticas y coyunturas electorales aparecen como los únicos instrumentos para castigar a los corruptos, o al menos poner sobre la mesa el tema.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), actualmente se carece de un estado de derecho que garantice la imposición de sanciones de carácter administrativo y/o penal en aquellos casos donde las autoridades hayan incurrido en la comisión de un delito.

“La tradicional falta de seguimiento a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de otras organizaciones por parte de las Procuradurías o Fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR), ha permitido que la mayoría de las sospechas de corrupción permanezcan impunes”, señala el estudio.

Por ello es que son contadas las veces en que las malas gestiones estatales se sancionan con la inhabilitación, multas o cárcel a estos servidores públicos.

“El hecho de que las probabilidades de que algún gobernador sea investigado, procesado y sancionado por una Procuraduría o Fiscalía local sean tan bajas, incentiva las malas prácticas. No es un secreto que gran parte del ámbito estatal carece de instituciones fuertes que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que representen una verdadera capacidad fiscalizadora y pongan en tela de juicio el desempeño de los gobernadores”, agrega el CIDAC.

El organismo advierte que mientras no se fortalezcan las instituciones locales y federales, desde la PGR hasta las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas, a fin de que sean estas las que supervisen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los funcionarios públicos, difícilmente se podrán desincentivar las prácticas opacas y corruptas de la élite política.

 

El voto de castigo

En la actualidad, las campañas y las coyunturas electorales han sido los únicos instrumentos para traer los temas y episodios de corrupción gubernamental a la opinión y agenda pública. Sin embargo, la evaluación en las urnas es insuficiente.

Mientras los mecanismos institucionales necesarios para llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas —como las Fiscalías y Procuradurías, así como organismos autónomos de fiscalización— carezcan de los recursos económicos y de la voluntad política para indagar los casos de corrupción, los castigos a estas prácticas permanecerán sujetos a los vaivenes políticos.

Por ello, los investigadores del CIDAC concluyen que las contiendas electorales y el voto ciudadano son uno de los canales por medio de los cuales, al menos en teoría, los ciudadanos son capaces de mostrar su inconformidad con los gobernantes premiando con su voto al partido gobernante o castigándolo con un voto a la oposición.

Ello porque en México, dada la ausencia de otros mecanismos sólidos de participación ciudadana, las elecciones son cruciales para explicar la conducta de los partidos políticos.

 

Castigo en las urnas

La vía electoral para castigar la corrupción y llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades es limitada ya que las promesas de campaña pueden ser ignoradas por los candidatos una vez iniciado su mandato sin consecuencias en el corto plazo, o pueden carecer de los mecanismos institucionales para llevarlas a cabo.

 

PARA SABER:

En 2015, uno de los temas más relevantes en las elecciones fue la corrupción de los gobernadores y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sistema. De acuerdo con la plataforma Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante las elecciones de ese año, el principal problema de México era la corrupción, incluso superaba temas como la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo. Ante los reclamos de la ciudadanía, el tema fue capitalizado con éxito por algunos candidatos, entre los cuales destacan los casos de Nuevo León y Sonora, en donde los ganadores basaron sus campañas en las promesas de investigar y castigar los escándalos de corrupción de los gobernadores salientes. Tanto Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León, como Claudia Pavlovich en Sonora, capitalizaron un gran número de votos al señalar y prometer indagar las sospechas de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos de los gobernadores Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, respectivamente. De igual forma, tanto Héctor Yunes Landa, precandidato del PRI en Veracruz, como Miguel Ángel Yunes han planteado sus respectivas precampañas en torno a la opacidad que ha caracterizado a la administración de Javier Duarte en Veracruz y a la promesa de buscar justicia en caso de ser responsable.

 

ALGUNOS DATOS:

¿De qué se investiga a los gobernantes corruptos en México?*

52.92%      Peculado

23.53%      Lavado de dinero

17.65%      Asociación delictuosa

5.8%          Extorsión

* Se les investiga, pero la gran mayoría no recibe castigo.

 

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