Administración Pública

Proceso de desafuero de ‘Chapodiputada’, papa caliente que quemó al Congreso

Mientras el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Solano Urías, asegura que el caso de desafuero de Lucero Sánchez López ya está finiquitado, el diputado Ramón Lucas Lizárraga advierte que se incurrió en un trámite salpicado de irregularidades. “No urge llamar a la suplente de Lucero Sánchez López”, dijo el panista […]

FOTO: Rashide Frías /Cuartoscuro.

FOTO: Rashide Frías /Cuartoscuro.

Mientras el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Solano Urías, asegura que el caso de desafuero de Lucero Sánchez López ya está finiquitado, el diputado Ramón Lucas Lizárraga advierte que se incurrió en un trámite salpicado de irregularidades.

“No urge llamar a la suplente de Lucero Sánchez López”, dijo el panista Solano Urías a los reporteros de la fuente, y también admitió que la ley tiene muchas lagunas en este tipo de casos.

Lo que sí dejó en claro es que la exlegisladora, mejor conocida como la Chapodiputada, precisamente por estar siendo señalada por la PGR de tener vínculos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue que Sánchez López está separada del cargo desde el lunes 13 de junio en que el Congreso de la Unión decidió desaforarla.

Por su parte el experredista Ramón Lucas Lizárraga, lamentó que el Congreso local incurra en la práctica del ninguneo, refiriéndose a que fue a través de los medios de comunicación que los diputados se enteraron de la notificación de la resolución realizada por la presidencia del Congreso, “siguiendo un trámite exageradamente administrativo, cuando se trata de un asunto eminentemente político y parlamentario”.

“Todo apunta a que se trató de deshacerse de manera apresurada de una verdadera papa caliente para los directivos de esta legislatura, obviando el cumplimiento de las formalidades esenciales contempladas en las Constituciones general y estatal, y en las leyes locales y federales”, destacó.

El legislador explicó: “Dice el oficio del presidente (Francisco Solano), que consta de solo nueve renglones, que en sesión pública ordinaria celebrada el día 23 de junio del presente año, esta Sexagésima Primera Legislatura ‘determinó proveer en consecuencia de la Declaratoria de Procedencia que en ejercicio de sus facultades exclusivas le instauró la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión’”.

En realidad, explicó, esta Legislatura no determinó nada, toda vez que el asunto se redujo, como lo refleja el propio comunicado oficial de la sesión aludida, a dar lectura “al documento remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, referente a la declaratoria del juicio de procedencia en contra de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, notificando al Pleno de la LXI Legislatura de lo acordado por los legisladores federales”.

En pocas palabras, el Pleno solo fue notificado, pero no analizó y mucho menos votó acuerdo alguno.

 

¿QUÉ DICE LA LEY?

Segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política:

Tratándose de delitos federales imputados al gobernador, a los diputados o magistrados, previa declaratoria del Congreso de la Unión, la Legislatura local resolverá si ha lugar a proceder en contra de los servidores públicos mencionados, para el solo efecto de dejar expedita la actuación de las autoridades competentes. En otras palabras, este era un asunto del Pleno y no de quienes dirigen el Congreso.

 

LO DIJO:

“Estamos pues ante un trámite salpicado de irregularidades que en nada ayudan al trabajo parlamentario, la procuración de justicia y la cultura de la legalidad”.

—Ramón Lucas Lizárraga. Diputado del Congreso de Sinaloa.

 

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