Administración Pública

Domingo Ramírez debe separarse del cargo de Vialidad por conflicto de intereses: Cofece

En atención a una investigación de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sobre el transporte de carga en Sinaloa, Domingo Ramírez Armenta debe ser separado del cargo de la Dirección de Vialidad y Transportes. La Cofece ha concluido que en la entidad prevalece el conflicto de intereses por mantener el “gobierno del cambio” a Ramírez […]

En atención a una investigación de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sobre el transporte de carga en Sinaloa, Domingo Ramírez Armenta debe ser separado del cargo de la Dirección de Vialidad y Transportes.

La Cofece ha concluido que en la entidad prevalece el conflicto de intereses por mantener el “gobierno del cambio” a Ramírez Armenta como titular de dicha dependencia, siendo a la vez permisionario, precisamente del transporte de carga.

En sesión pública ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, la diputada del PRD, Imelda Castro Castro, solicitó se exhorte al gobernador del estado, Mario López Valdez, para que resuelva en lo inmediato el observado conflicto de intereses en la Dirección de Tránsito y Transportes, separando del cargo a Domingo Ramírez Armenta y se rinda un informe a los diputados, empresarios y a la sociedad sinaloense sobre los verdaderos propietarios que usufructúan las concesiones del transporte de carga en el estado, durante el presente sexenio.

 

LO DIJO:

“Que la Comisión Federal de Competencia señale con todas sus letras lo irregular que resulta tener a la iglesia en manos de Lutero, como coloquialmente se dice, desde luego que en relación al transporte de carga, ilustra la gravedad del caso”.

—Imelda Castro Castro. Diputada del PRD en el Congreso de Sinaloa.

 

¿Qué dice la ley?

La Ley de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a excusarse en cualquier asunto de su interés particular, familiar o de negocios.

 

Política malovista

Castro Castro advirtió que se trata de acciones que pueden enmarcarse en la tipicidad penal del tráfico de influencias.

“Lo que hace la Comisión con ese señalamiento sobre el conflicto de interés, es darnos la razón a quienes aquí mismo en este Congreso denunciamos el uso político de la Dirección de Tránsito y Transportes en la precampaña para gobernador del secretario (Gerardo) Vargas Landeros, favorecido en el clientelismo corporativamente político y por lo tanto faccioso en el que está inmerso no solo el transporte de carga, sino todo el sistema de transporte en Sinaloa como lo reconoce la Cofece”, destacó.

Este hecho, insistió la legisladora, confirma el corporativismo político en que se sustenta la actividad, fincado en una regulación a modo, misma que a juicio de las conclusiones del estudio de la Comisión Federal de Competencia, constituye una barrera a la competencia y libre concurrencia, que no solo limita o impide la entrada de nuevos competidores, sino también la expansión de los ya existentes y que restringen el desarrollo económico, principalmente en la industria de la construcción y en la actividad agrícola.

“He aquí, la política malovista como un obstáculo al desarrollo económico y a la competencia: la política de los negocios personales y del primer círculo. Igual pasa con la familia Labastida en la nueva industria de alto riesgo de la producción de agroquímicos en el norte de Sinaloa”, señaló.

 

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