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Tema de la semana | Salud Digna y Gobierno de Sinaloa en tiempos de transparencia

Debería de alegrarnos que gracias a que el contrato fue puesto en la vitrina de la transparencia, hoy podemos enterarnos que a Salud Digna para Todos se le otorgaron 24 millones de pesos en recursos públicos para que realizara exámenes clínicos a beneficiarias del programa “Te queremos Sana”, implementado por el Sistema Estatal para el […]

Debería de alegrarnos que gracias a que el contrato fue puesto en la vitrina de la transparencia, hoy podemos enterarnos que a Salud Digna para Todos se le otorgaron 24 millones de pesos en recursos públicos para que realizara exámenes clínicos a beneficiarias del programa “Te queremos Sana”, implementado por el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia.

En otros tiempos, muy recientes por cierto, el proceso de licitación y asignación de estos servicios hubiese sido blindado por las autoridades o clasificado al menos como información reservada, para que la sociedad nunca se enterara.  Sin embargo, ahora que el microscopio ciudadano está más potente que nunca, vale la pena pagar los costos y correr los riesgos del acceso a la información.

Durante esta semana el tema generó conversación pública a raíz de que el diario Noroeste encontró en la plataforma Compranet los detalles del contrato. A Salud Digna se le otorgó El 62 por ciento de los 300 mil exámenes de apoyo a diagnósticos médicos que comprende el programa lanzado por Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF estatal.

Durante décadas nos acostumbraron a los sinaloenses a desconfiar de todo aquello que emprendieran gobierno y empresarios puesto que el elemento de opacidad presente en tales acuerdos siempre escondía la corrupción cada vez más enquistada.  Es por ello que aparte de ser transparente, el gobierno de Ordaz Coppel debe fundamentalmente parecerlo.

Existen explicaciones que no se dieron, información que no fluyó y acciones que no se han concluido para lograr que a partir de la participación social se legitimen los procesos que a la rendición de cuentas le resultan imprescindibles:

1.- La justificación. De acuerdo a los datos que arroja la asignación del contrato, Salud Digna presentó la mejor propuesta en precios y en cobertura para dar atención a tan alto número de mujeres enmarcadas en el programa “Te queremos sana”.  Se privilegió que fuera una IAP sinaloense y ninguna otra cumplía con el requisito de red estatal.

2.- La nitidez. La ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que toda acción que implique el uso de recursos públicos debe abrirse al escrutinio ciudadano, ya sea a través de Compranet, transmisión en vivo del acto de asignación o publicidad en los medios de comunicación. Al Gobierno del Estado le faltó socializar el contrato y respaldarlo con el consenso  social.

3.- La lupa.  Para poner el ojo público encima de este tipo de procedimientos debería estar funcionando ya el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que será el aval o el rechazo, según la forma en que transcurra la licitación de obras y servicios. Es urgente que el Congreso del Estado acelere la concreción de este órgano de supervisión.

4.- La sospecha.  Los sinaloenses siguen esperando la acción enérgica de la justicia contra ex funcionarios señalados o acusados de uso irregular de dinero gubernamental o desempeño indebido de la función pública. La impunidad alienta la desconfianza y sin fe ciudadana en las instituciones y en quienes la dirigen todo cae bajo sospecha.

5.- La pregunta. Por la buena salud de su IAP y para mantenerse al margen de negocios con el Gobierno, ¿debió Jesús Vizcarra Calderón negarse a darle el servicio al DIF Sinaloa a pesar de que reúne los requisitos de la convocatoria, que en precios e infraestructura no tiene competencia y que no necesita del tráfico de influencias para un contrato de menor cuantía económica?

Esta situación refrenda que  pese al andamiaje legal que impulsa  en materia de transparencia y combate a la corrupción, el Gobierno de Sinaloa tropieza con la misma piedra de hacer cosas buenas que parezcan malas. En defensa propia, las autoridades estatales podrían decir que apenas entramos a la época en que todo se expone en el aparador diáfano del acceso a la información, pero ni siquiera hay tiempo para perderlo en pretextos.

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