Legislativo

Presenta Morena acción de inconstitucionalidad contra la penalización del aborto en Sinaloa

En congruencia con el rechazo establecido desde el momento de la aprobación de la ley Antiaborto en Sinaloa, el Grupo Parlamentario de Morena presentó esta acción de inconstitucionalidad que pretende dar marcha atrás a esta ley que atenta contra los derechos elementales de la mujer. El Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del […]

En congruencia con el rechazo establecido desde el momento de la aprobación de la ley Antiaborto en Sinaloa, el Grupo Parlamentario de Morena presentó esta acción de inconstitucionalidad que pretende dar marcha atrás a esta ley que atenta contra los derechos elementales de la mujer.

El Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 4 BIS A, Fracción I de la Constitución Políticas del Estado de Sinaloa que regula el derecho a la vida desde la concepción.

El pasado 30 de septiembre los Diputados integrantes de la LXII Legislatura aprobaron penalizar el aborto con hasta tres años de cárcel, con 32 votos a favor de los 40 posibles en el pleno. La iniciativa fue autoría del ex Diputado Juan Pablo Yamuni, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y aprobado por los 21 diputados de la Fracción Parlamentaria del PRI y del Partido Sinaloense.

El documento presentado por el Grupo Parlamentario de Morena establece que el congreso local no tiene competencia para legislar en la materia de regular el derecho de la vida, pues no tiene atribuciones para disponer a partir de qué momento inicia ésta, esta atribución le pertenece al congreso general de acuerdo a la Corte de Justicia de la Nación.

También establece que el congreso no puede definir que el producto de la concepción es un ser humano desde el punto de vista jurídico, debido a que la Corte Interamericana ya dispuso en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que no es así. Y dado que esos criterios son obligatorios en México, los estados no pueden definirlo de otra manera.

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