Está de más que la primera declaración que realizó al llegar a Sinaloa el comandante de la Tercera Brigada de la Policía Militar, Luis Valdés Chávez, tenga que ver con la orden que según él dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de no perseguir a narcotraficantes ni buscar el enfrentamiento y la confrontación. Pudo haber empezado, por ejemplo, diciendo cómo le hará para que los sinaloenses vivamos seguros.

Se torna repetitivo el alarde de fuerza de la Policía Militar establecida en la base El Sauz, presentándola como la panacea en seguridad pública no obstante que las ciudades sinaloenses padecen la acometida violenta de individuos o células en perjuicio de los bienes y la integridad física de la población, sin detenerse frente al patrullaje del Ejército.

Los 2 mil 300 elementos de la Policía Militar que se incorporan a tareas de seguridad pública en Sinaloa tienen dos tareas prioritarias: dar resultados rápidos para contener la escalada delictiva que no precisamente se relaciona con delincuencia organizada y socializar la estrategia de largo plazo para la paz y estado de derecho.

Al respecto solo se sabe que esta fuerza castrense hará labores de proximidad social para implicar a la sociedad civil en las acciones que le den tranquilidad, sin tenerse elementos de juicio para anticipar el resultado de medidas que se desconocen. Mientras tanto, los ilícitos que perjudican directamente a las personas, empresas y familias ganan terreno en la zozobra social,  para desplazar a delitos de alto impacto que presentan una ligera baja.

A la ciudadanía le genera bastante alarma que en el entorno cotidiano la amenacen situaciones de violencia con hechos, sean denunciados o sean parte de la cifra negra, que alteran la paz en el hogar, la vía pública, los espacios comunes, la escuela y el trabajo, dentro de la extraña contradicción donde la autoridad dice que abate los delitos y la población en cambio se siente más vulnerable.

Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran un descenso sostenido en homicidios dolosos desde el primer año del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, tendencia que se sostiene en los meses de enero y febrero recientes, siendo el promedio diario de 4.29 asesinatos en 2017, 3.08 en 2018 y de 2.49 en lo transcurrido de 2019. En secuestros y robos bancarios el comportamiento también es descendente.

Las cifras oficiales refieren en descenso los delitos como robo de vehículos, que de 19.29 casos diarios en 2017 pasó a 15.98 el año pasado y va en 13.83 en el actual, a la vez que el robo violento se sostiene en los mismos niveles de 2017, el robo a casa habitación se ha reducido y los asaltos a locales comerciales abiertos al público registran un crecimiento preocupante.

Es decir, por las razones que sean sí se percibe menor intensidad en sucesos violentos vinculados a la acción del narcotráfico, pero al mismo tiempo el ciudadano común se cree a merced de la delincuencia común que organizada o dispersa arremete en todas partes y a todas horas contra la gente pacífica, siendo la ausencia policiaca y la impunidad los propulsores de tales transgresiones.

De aquí nace la duda de si la Policía Militar es la respuesta al tipo de violencia que afecta a Sinaloa, ampliando la incertidumbre a si esas labores de proximidad social, que hasta hoy no se precisan, son la solución que se necesita hoy, ya, al transformarse la escasa prevención y vigilancia policiacas en la mejor atmósfera para que la delincuencia haga lo que  quiera.

¿A qué viene la Policía Militar a Sinaloa? Es necesaria mayor claridad para hacer que la ciudadanía confíe en que la intervención de las fuerzas federales se traducirá en condiciones adecuadas de legalidad y estabilidad. ¿Cuál será la función de las policías conformadas por civiles cuya nulidad resulta evidente en las labores de seguridad pública? ¿Qué se hace para combatir los delitos que más le pegan, directos e intimidantes, a los sinaloenses?