Hacía bastante tiempo que el gobierno no implementaba operativos como el que despliega hoy en la sierra limítrofe de Sinaloa y Durango para combatir a grupos criminales que provocan el desplazamiento masivo de personas, el fenómeno que al ras de convertirse en crisis humanitaria llama la atención de organizaciones nacionales e internacionales.

Durante décadas, porque el problema existe desde hace al menos veinte años ante la indolencia e inacción de las autoridades, el Gobierno de Sinaloa se dedicó a proporcionar soluciones parciales basadas en la solidaridad con las familias desterradas de sus lugares de origen y tardó mucho en dar una respuesta represiva a delincuentes que se apoderan de todo en zonas marcadas por la ingobernabilidad.

La presencia de elementos de la Marina, Policía Militar, cuerpos de seguridad pública y de grupos policiacos élite constituye la mayor estrategia que los gobiernos de Sinaloa y Durango implementan para pacificar la región alta del municipio de Rosario y recuperar las comunidades para que los moradores regresen a ellas sin correr peligro.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa procede a identificar como causantes del éxodo a bandas que se dedican al robo de oro en yacimientos de ambas entidades y que para actuar a sus anchas saqueando el metal precioso deciden ahuyentar a los habitantes de los poblados.

De ir en serio, enérgica y permanente esta acción policiaca-militar, es probable que se logren resultados a corto plazo y que a partir de la seguridad y dominio de la ley el Estado construya los caminos de confianza y paz  para el regreso de los desplazados con condiciones que les den garantías y medios para la permanencia digna en las comunidades donde viven, tienen su patrimonio y están sus raíces.

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