Efecto ESPEJO | Lozoya y Ancira, prueba de fuego en combate a la corrupción

En la primera acción contundente en materia del combate a la corrupción, que pasa de la declaración a la denuncia penal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició acusaciones formales contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, quien logró un amparo para evitar ser detenido, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, quien fue aprehendido en España.

Tal medida salta en la escena nacional en el momento que la palabra del presidente de México procedía a devaluarse en lo referente al castigo a los principales saqueadores del país, pues exponía tales delitos sin que la Fiscalía General de la República presentara a los responsables ante la justicia.

La acción comprende el bloqueo de las cuentas bancarias a Lozoya y familia, debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, posiblemente derivadas de actos de corrupción. En tanto Ancira Elizondo, quien le compró Altos Hornos de México al Gobierno Federal en 1991 cuando Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del acero, fue detenido por la Organización Internacional de Policía Criminal, en Mallorca, España, sin tenerse mayores datos sobre el procedimiento jurídico que sustenta la privación de la libertad.

Estos dos “peces gordos” de la corrupción cumplen de momento la función de fortalecer la principal promesa de campaña de AMLO y la enorme expectativa de la moralización del servicio público que los electores hicieron suya al votar por el Movimiento Regeneración Nacional en la elección del primero de julio de 2018.

Lo que sigue pone a prueba a las instituciones nacionales, principalmente a la FGR, ya que dependerá del paquete de evidencias que presente ante el juez para llevar a prisión a Lozoya y Ancira, o de no sustentar adecuadamente la carpeta de investigación el caso se caerá con efecto boomerang en la imagen del actual régimen que en seis meses ha condenado la corrupción en el discurso y la ha descuidado en la obligación de que los señalados con índice de fuego paguen por sus delitos.