La flexibilidad institucional de México da pie a que el gobierno de Estados Unidos vuelva a actuar arbitrariamente contra el comercio bilateral, ahora imponiéndole un arancel de hasta 31 por ciento al acero mexicano que ingresa al vecino país del norte, otra vez con la justificación de que viola las leyes estadounidenses antidumping.

El presidente Trump ya tomó como rehén frecuente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de la reacción enérgica que implementan otras naciones, se muestra partidario de poner la otra mejilla y dejar que las presiones vengan de la Casa Blanca mientras en Palacio Nacional prosigue sin pena ni gloria la postura oficial de “amor y paz”.

A la ratificación en junio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá le ha seguido una secuencia de manotazos de parte de Trump que tensa las relaciones y deja en claro que al magnate metido a presidente le importan muy poco los tratados que se firman y por encima de la seriedad y respeto de los mismos pone la soberbia y el gorilismo de la potencia del norte.

El mandatario de México está en el extremo opuesto: ninguna violación a los derechos de los connacionales que residen en Estados Unidos, ninguna ofensa proveniente de la lengua viperina de Trump y tampoco la afectación a las exportaciones mexicanas por la “arancelitis” trumpista, ha recibido la reacción enérgica ni del presidente López Obrador ni de la Cancillería azteca.

Otras naciones han logrado tumbar la tentación autoritaria de Tump al responderle con medidas igual de duras: cuando éste ordenó en mayo cobrarle un impuesto del 25 por ciento a los productos chinos que ingresaran a EU, el gobierno de Xi Jinping reaccionó con un arancel de igual porcentaje para 5,140 productos estadounidenses que entran a China, logrando que diera marcha atrás el inquilino de la Casa Blanca.

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