A raíz del hecho violento que se registró en Sanalona, sindicatura de Culiacán, la madrugada del lunes 27 de enero, resultando abatidas dos mujeres originarias de Tamazula, Durango, por balas presuntamente disparadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, resurgen dudas viejas en relación a si la fuerza pública está cuidando a los ciudadanos pacíficos o disparando contra estos.

El jueves 30 de enero, el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, hizo una declaración en torno al supuesto enfrentamiento (según la versión original que dio el titular de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo) entre civiles y policías ocurrido en las inmediaciones de la presa Sanalona con el saldo de dos personas del sexo femenino muertas, una más detenida, así como un hombre también aprehendido.

La información inicial de las autoridades sinaloenses es que cinco individuos, tres mujeres entre estos, se desplazaban en un auto compacto por el sector mencionado y se les indicó hacer alto al acercarse a un punto de vigilancia en el cual participaban 20 elementos de seguridad, orden que no solamente desobedecieron, sino que los civiles dispararon contra los policías, iniciándose una persecución con el desenlace descrito.

“La Policía Estatal, a la altura del templete de la presa, detecta un vehículo en actitud sospechosa, es un vehículo Accord, con placas de Durango, en cuanto ven el acercamiento de la Policía del Estado se dan a la fuga y efectúan detonaciones en contra de los elementos… Éstos repelen la agresión y es detenido el vehículo aproximadamente entre 800 metros a un kilómetro de donde se localiza, derivado de eso hay la detención de dos personas, que fueron puestas a disposición a la Fiscalía General del Estado, la que determinará lo conducente para con ellos; posteriormente son localizados ahí dos personas sin vida, y una más se da a la fuga”, dijo textualmente Castañeda.

En las horas siguientes a lo declarado por el secretario de Seguridad las versiones empiezan a confrontarse con las de otras instancias de la cadena seguridad pública-investigación del delito. Algunas de las contradicciones más marcadas son las siguientes:

La primera intención pretendió presentar a las dos mujeres muertas como parte de la delincuencia, sin indagar antes quiénes eran, a qué se dedicaban y por qué transitaban a esa hora por dicha zona.

Cristóbal Castañeda afirma que dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas, pero la Fiscalía General del Estado niega que hayan sido puestas a disposición del Ministerio Público.

Las dos personas detenidas son puestas en libertad el mismo día, a pesar de la SSP señaló que portaban un arma de fuego.

Nunca se mostró públicamente evidencia de que los policías estatales hayan sido agredidos, ya sea con videos del operativo, impactos en patrullas oficiales, tampoco el arma utilizada por los civiles o acusación penal por atentar contra fuerzas del orden público.

El Gobierno de Durango no dio cómo valido el parte rendido por el titular de la SSP, lo calificó de contradictorio, y envió a fiscales para que por su cuenta o en coordinación con la fiscalía de Sinaloa, efectuaran la correspondiente investigación.

Desde que la Policía Militar, ahora legitimada como Guardia Nacional, tomó el control de la seguridad pública en Sinaloa el principal planteamiento ciudadano fue el rigor de la fuerza pública y la ley contra la delincuencia, con el contrapeso del respeto estricto a las garantías constitucionales de la población que no la debe ni la teme.

Y así había transcurrido desde noviembre de 2018 cuando arriba la Policía Militar, o con el despliegue de 3 mil elementos de la Guardia Nacional en julio de 2019, trayendo consigo la instrucción de preservar los derechos humanos. Dando por hecho que fueron los elementos de la PEP los que ultimaron a las dos mujeres duranguenses, ese “error” o “descuido” socavó todavía más la endeble confianza en que al crimen se le aplique el marco jurídico y la gente pacífica sea arropada con las prerrogativas para quienes ciñen sus actos a la norma jurídica.

Están a cargo de la Fiscalía General de Sinaloa las pesquisas y determinación de los procedimientos que correspondan contra quienes resulten responsables del evento de violencia del 29 de enero, en Sanalona. Y es tal la credibilidad que debe contener la carpeta de investigación porque lo que está en juego es el sistema estatal de seguridad pública que se apunta la reducción del índice de homicidios dolosos en 2019 y los incipientes procesos de construcción de paz, logros que no resistirían la confirmación de que los cuerpos de seguridad pública sean parte del problema de la violencia y no de las soluciones.