Acusan justicia selectiva en caso Salud

La defensa de María Alejandra Gil Álvarez, ex Directora Administrativa de Servicios de Salud de Sinaloa, acusó de haber llevado a su cliente a un juicio con “justicia selectiva”.

Lo anterior se reveló este martes, en una audiencia de alegatos finales de juicio oral, en la que la Fiscalía Anticorrupción aseguró que se cuentan con las pruebas suficientes para condenar a Gil Álvarez por Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.

Los abogados de Gil Álvarez hicieron un recuento de defensa, arguyendo principalmente que se le busca enjuiciar a su cliente por delitos, como el de Ejercicio Indebido del Servicio Público, en los que se le establece una coparticipación.

Establecieron que los fiscales a cargo han establecido que Gil Álvarez pudo evitar la contratación que se indicó como irregular.

A María Alejandra Gil Álvarez se le acusa de haber hecho la contratación de forma irregular de la empresa Herramientas Médicas en 2016, para que prestara el servicio de imagenología, pues se hizo por adjudicación directa y no por licitación pública, pese a que el monto era por al menos 18 millones de pesos.

Para que sucediera, Jaime Otáñez García, ex director de Atención Médica de Servicios de Salud, pidió que se evitara el trámite de concurso y se mantuviera el servicio con Herramientas Médicas, que un año antes ya lo brindaba bajo los mismos términos.

Sin embargo, debió incluirse un estudio de mercado, el cual, según ha alegado la Fiscalía Anticorrupción, no se hizo, sino que solo se incluyeron dos cotizaciones.

Ese contrato se firmó y ejecutó luego de que Ernesto Echeverría Aispuro aceptó las condiciones para contratar a la empresa propiedad de Javier Salido, quien fue su socio empresarial hasta 2011, año en que fue nombrado Secretario de Salud.

En el caso se llevó también a Otáñez García y a Echeverría Aispuro ante tribunales.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción decidió absolver al ex director de Atención Médica, asegurando que no se encontraron pruebas en su contra.

También lo hizo con Echeverría Aispuro, con un proceso denominado “suspensión condicional del proceso”, con el que pagó 7 millones de pesos y se le absolvió de culpa.

Esos perdones se recordaron por los abogados de Gil Álvarez para pedir que se le absolviera del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, añadiendo que si la Fiscalía quería explicar que su defendida solapó contratos y pagos, debían hacerlo incluyendo también a quienes lo hicieron.

Por el otro delito, el de Desempeño Irregular de la Función Pública, la Fiscalía indicó que por haberse hecho pagos con una contratación irregular, estos también lo son, y que por lo tanto se causó un daño al Estado.

Los abogados defendieron que los servicios sí se aplicaron y que en la presentación de pruebas no se dijo cosa contraria, por lo que su cliente ahora debería ser perdonada de todo.

Por último, los abogados se plantaron en describir que los fondos que se usaron para la contratación del servicio fueron del orden federal, por lo que tanto la Fiscalía como el Tribunal se encuentran sin facultades.