Pleito de poderes | Quirino se va a la Suprema Corte de Justicia contra el Congreso

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, llevó su pleito contra el Congreso local sobre la revisión de cuentas públicas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Mandatario promovió una controversia constitucional, la 137/2020, contra el Legislativo, señalando que el Legislativo, particularmente el grupo parlamentario de Morena por ser mayoría, se excede en sus facultades sobre la fiscalización.

Jesús Ramón Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Sinaloa, aseguró el 10 de agosto en entrevista para ESPEJO que el Congreso del Estado cometió vicios al momento de cambiar de denominación a los dictámenes de las cuentas públicas en la última revisión.

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Estos se presentaron por la Comisión de Fiscalización ante el Pleno como acuerdos y no como decreto, pues de esa forma no podrían ser observados y vetados por el Poder Ejecutivo.

“El Ejecutivo observó que por el cambio de denominación que se le dé a un acto legislativo que por su naturaleza, su alcance y su denominación en la Ley, debe ser decreto, no por el cambio de denominación en una sesión de Pleno o sesión de comisión haya quedado ya restringido en sus facultades”, dijo el subsecretario, quien en ese momento confirmaba un veto a los acuerdos.

En julio de este año, durante la revisión de los dictámenes elaborados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las cuentas públicas, la Comisión de Fiscalización pasó al Pleno nueve acuerdos, entre ellos la cuenta pública de Gobierno del Estado, la cual fue aprobada por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PT, PES y legisladores de Morena.

Fue por esos acuerdos que la administración de Ordaz Coppel apostó seguir una vía jurídica que ahora desembocó en la Suprema Corte de Justicia con controversia constitucional.

Esta es la segunda acción promovida por las cuentas públicas, la primera la interpuso el Congreso local en agosto de 2019, con la controversia constitucional 331/2019, pero no ha sido resuelta, luego de que el Gobernador consideró que con el veto a los decretos se violaba la división de poderes.

En la nueva controversia se incluye una queja sobre el método que se usó para tratar de corregir las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado de parte de la Comisión de Fiscalización.

En algunos casos, como en la cuenta pública de Gobierno del Estado, la Auditoría Superior del Estado aprobó con los lineamientos propuestos en la metodología, pero la Comisión de Fiscalización cambió esas calificaciones y elaboró acuerdos en contra.

“El Congreso del Estado, al analizar las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado, conjuntamente con el dictamen de la Comisión de Fiscalización, en las sesiones de Pleno correspondiente, rechazan las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado en los casos en que aprobó las cuentas públicas y aprueba las determinaciones técnicas en los casos en los que la Auditoría las rechazó”, señaló Soto González el 10 de agosto.

Con esta nueva controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia decidió que por existir similitudes en las quejas, se analizarían ambas en el mismo expediente.

“De la lectura de la demanda que da origen a este medio impugnativo se observa que existe conexidad entre la presente controversia constitucional y la diversa 331/2019, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, dado que en el referido asunto se impugnan actos de contenido igual o similar”, se indicó en los estrados del Poder Judicial de la Federación. 

La controversia se publicó en la Lista de Notificación de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, no así en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo ya debió haber sido notificado junto con el Congreso local.