Tema de la semana

Tema de la semana | Seguridad pública alterada en Sinaloa: policías y fiscales al servicio del crimen

Encomendada por completo a la Guardia Nacional, la cual procede a desmantelar vínculos de la Policía y procuración de justicia con la delincuencia organizada, una parte de la seguridad pública en Sinaloa arroja nuevos indicios de que está más al servicio del crimen que de los ciudadanos de bien.

Ilustración: El Universal

Ilustración: El Universal

La semana que termina aportó evidencias de la colaboración de elementos de seguridad pública y procuración de justicia con grupos del crimen organizado, dándole respuesta a la vieja pregunta de los sinaloenses de ¿a quién le sirve en los hechos el aparato que tiene a cargo poner orden, construir paz y garantizar la aplicación de la ley?

El 24 de septiembre, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a dos policías municipales de Culiacán que junto con un individuo armado trasladaban en la patrulla de la corporación a una persona que tres días antes había sido reportado como víctima de desaparición forzada perpetrada en la colonia Los Huertos. Ésta fue lesionada con tablas, palos, cachas de armas, patadas, puños, mangueras calientes y sopletes.

Posteriormente, el 1 de octubre se informó que un elemento de la Fiscalía General de Sinaloa, adscrito a la Unidad Antisecuestros, fue detenido en Sonora por la Guardia Nacional al transportar alrededor de 40 kilogramos de la droga sintética conocida como “cristal”. El fiscal había sido galardonado en 2007 como Ministerio Público del año.

Los dos casos de vinculación de servidores públicos con células delictivas removieron en la memoria social tiempos pasados en los cuales las familias enfrentaron el dilema de cuidarse de los policías o de los hampones. En las tres décadas de cierre del segundo milenio resultaba evidente el nexo gobierno-narcotráfico ya que aparte de impúdico dejaba a su paso la huella de sangre.

Lo que preocupa es que con todos los programas que se han emprendido por los gobiernos federal, estatal y municipal para romper tal atadura continúe vivo el siamés instituciones-crimen echando abajo los esfuerzos de moralización, confiabilidad y legitimidad de la seguridad pública. Si los dos casos detectados y denunciados en la misma semana por la Guardia Nacional son una muestra de cómo andamos, inimaginable los alcances de dicho fenómeno.

Al mismo tiempo que la inseguridad se manifiesta incontenible y entra a los hogares con el aliento que recibe en el espacio público, agravándose así la violencia intrafamiliar en Sinaloa, no se ve la activación de los distintos ámbitos de autoridad para enfrentar las amenazas presentes y futuras. La percepción es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y los alcaldes le apuestan todo a la fuerza pública militarizada enviada por el Gobierno Federal y abandonan a su suerte y en su descomposición a las policías estatales y municipales.

Se requiere mayor involucramiento de los gobiernos locales frente al deterioro de la lealtad de policías e integrantes de la procuración de justicia, con la correspondiente pérdida de la confianza en éstos. Ver pasar a las víctimas desde oficinas refrigeradas, cerrar los ojos ante la cooptación delictiva de los agentes del orden y la legalidad, declinar al mandato constitucional de proteger a los sinaloenses, no es lo que Sinaloa reclama en los procesos de construcción de paz y estado de derecho.

Resulta impostergable la revisión de los parámetros de evaluación que fueron cambiados por decisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuyo responsable es Renato Ocampo Alcántar, quien consideraba injusto que a los policías se les descalificara por sus relaciones con grupos criminales. Con el método anterior, más firme y creíble, en 2017 por cada 10 policías al menos 6 estaban reprobados en control y confianza; con el actual, flexible y poco fiable, solamente 3 de cada diez no pasan el examen.

Para lograr policías dedicados al cien por ciento a cumplir con su misión tendrá que seguirse sacudiendo el árbol de la seguridad pública para evitar que los componentes podridos contaminen a buenos policías, que sí existen. Y los mandos de las corporaciones, así como tendrá que hacerlo el fiscal Juan José Ríos Estavillo con los agentes investigadores y del MP, tienen la responsabilidad, para eso les pagamos los ciudadanos, de supervisar, depurar, denunciar y castigar los delitos en que incurran sus subordinados.

Así como no se vale que el desempeño policiaco se convierta en servidumbre de criminales, tampoco es admisible que cuando les truena en las manos la abominable realidad finjan ceguera, sordera y mudez el secretario de Seguridad Pública, los jefes de las policías estatal y municipales, el fiscal general del estado o todo aquel designado a proteger a la población. Únicamente actúan con las cosas fuera de control siendo que debe ser permanente la tarea de salvaguardar a la gente pacífica con policías y MP aptos.

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