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CPC se ampara contra Ley de Obras; pide al Poder Judicial resolver su constitucionalidad

El Comité de Participación Ciudadana solicitó que sea un juez federal quien defina si la reforma tiene vicios inconstitucionales o si el Congreso de Sinaloa hizo un buen trabajo legislativo.

Enrique Hubbard Urrea. FOTO: Sinaloenses Ejemplares.

Enrique Hubbard Urrea. FOTO: Sinaloenses Ejemplares.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano ciudadano dentro del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, promovió un amparo contra la reforma a la Ley de Obras Públicas.

Sergio Avendaño Coronel, miembro del CPC, explicó que en la última reforma, publicada apenas el 7 de septiembre, se incluyó un apartado sobre elección de tres ciudadanos para cada uno de los comités de obras públicas del Estado y los 18 municipios.

Esa elección deberá hacerla el CPC, situación que el organismo percibe como inconstitucional y lo llevó ante ante el juzgado segundo de distrito para que el Poder Judicial de la Federación.

“Para empezar, tiene que haber un comité de obra en cada municipio, hay que trasladarnos a los 18 municipios entonces, hay un tiempo que marca la ley… ¿nos vamos a dividir? ¿nos vamos a ir un día?.. no sé”, expresó.

“Lo que quiero decir es que se requieren recursos financieros, económicos, etcétera, recursos que no solo no tenemos, sino que no debemos tener. El Comité de Participación Ciudadana, por la misma razón que no somos servidores públicos, a nosotros no se nos pueden asignar recursos públicos, ni en un presupuesto de egresos, ni el Ejecutivo, la Secretaría de Administración y Finanzas, nos pueden destinar recursos porque no somos un ente público, se estaría incurriendo en una desviación de recursos”.

Los cambios a la Ley de Obras Públicas se promovieron en cinco iniciativas desde la Sociedad Civil, organizaciones empresariales y partidos políticos, se debatieron en 17 foros abiertos, en los que participaron los promoventes y funcionarios de Gobierno del Estado.

El CPC presentó una serie de observaciones a esta reforma, entre ellas la composición de los comités de obras del Estado y los municipios.

Otra observación fue la falta de determinación de requisitos a cumplir por los candidatos y una más la declaración de imposibilidad para sostener una campaña de difusión de parte del CPC para una convocatoria, por carecer de recursos materiales, financieros y humanos.

Esas observaciones fueron rechazadas por los diputados locales Flora Isela Miranda y José Rosario Romero, ambos de Morena, asegurando que el CPC estaría obstruyendo el trabajo legislativo.

“Para las diputadas y diputados de Morena, esas lamentables expresiones, dibujan de cuerpo entero la falacia de lo que se conoce como sistema anticorrupción, para evidenciarlo como un instrumento que sirve a la simulación”, acusó Romero.

Sin embargo, el CPC llevó a los tribunales federales una solicitud de amparo para que desde esa tribuna se defina si hay o no inconstitucionalidad.

“En el anotado contexto, se solicita el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que se declare la inconstitucionalidad de la norma en sus porciones ya precisadas, y como consecuencia de ello, se excluya al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa del proceso de designación que se indica en los preceptos tildados de inconstitucionales en esta demanda (artículos 35, fracción VI, párrafo segundo; 36, fracción VI, párrafo segundo; 37, fracción VI, párrafo segundo; 40, fracción IX, inciso D, párrafos segundo y tercero; Cuarto Transitorio, párrafos segundo tercero y cuarto; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa)” .

El argumento principal es que la Constitución no establece esa atribución a los comités de participación ciudadana, ni tampoco la Ley General o las leyes locales.

Avendaño Coronel mencionó que en esta solicitud de amparo va implícito que el Poder Judicial sea el que decida la constitucionalidad de la reforma, la cual incluyó al Congreso del Estado y al Gobierno de Sinaloa.

Al Congreso, dijo, por admitir y realizar cambios legislativos con posible inconstitucionalidad, mientras que al Poder Ejecutivo por no observarlos en los plazos constitucionales, es decir, en ocho días hábiles después de la aprobación.

El juzgado dio una suspensión para analizar, en la que no se deberá parar la obra pública, sino que solo tendrá limitar la creación de los comités de obra.

Esto ha provocado que representantes de organismos municipales cuestionen sobre sus procesos internos de construcción, principalmente las juntas municipales de agua potable.

Avendaño Coronel mencionó que esa es otra situación que deberá atenderse de manera posterior, pues en la reforma a la Ley de Obras Públicas no se establece de forma explícita cuántos comités habrá, de ahí que se observe como un objeto fuera del alcance del Comité de Participación Ciudadana.

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