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“Tuvieron tiempo para alzar la voz” | Cuestiona Diputada al CPC

“El gobernador la tuvo tres meses antes de publicarla, pudieron analizarla y no lo hicieron”, aseguró.

Flora Isela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso local, cuestionó el amparo promovido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) contra la reforma a la Ley de Obras.

“Tuvieron tiempo para alzar la voz”, aseguró la Legisladora por Morena, recordando que para la elaboración de 103 artículos se realizaron 17 foros abiertos, entre los que los integrantes del CPC participaron.

El CPC presentó una serie de observaciones a esta reforma, entre ellas la composición de los comités de obras del Estado y los municipios.

Otra observación fue la falta de determinación de requisitos a cumplir por los candidatos y una más la declaración de imposibilidad para sostener una campaña de difusión de parte del CPC para una convocatoria, por carecer de recursos materiales, financieros y humanos.

Sin embargo, el organismo llevó a los tribunales federales una solicitud de amparo para que desde esa tribuna se defina si hay o no inconstitucionalidad.

En el anotado contexto, se solicita el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que se declare la inconstitucionalidad de la norma en sus porciones ya precisadas, y como consecuencia de ello, se excluya al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa del proceso de designación que se indica en los preceptos tildados de inconstitucionales en esta demanda (artículos 35, fracción VI, párrafo segundo; 36, fracción VI, párrafo segundo; 37, fracción VI, párrafo segundo; 40, fracción IX, inciso D, párrafos segundo y tercero; Cuarto Transitorio, párrafos segundo tercero y cuarto; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa)”, se lee en el amparo.

La Diputada local señaló que la estrategia del Comité de Participación Ciudadana es la de retrasar los procesos establecidos, solo por no haber hecho las observaciones necesarias durante las discusiones legislativas, así como previo a la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“El gobernador la tuvo tres meses antes de publicarla, pudieron analizarla y no lo hicieron”, aseguró.

El juzgado dio una suspensión para analizar, en la que no se deberá parar la obra pública, sino que solo tendrá limitar la creación de los comités de obra.

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