El Senado mexicano analiza una propuesta para quitar facultades a la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas la de retirar al organismo del Sistema Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas.

Este 1 de marzo se realizó un foro, donde la Comisión de Derechos Humanos del Senado escuchó a representantes del Consejo Nacional de Búsqueda, así como de colectivos, entre ellos Enlaces Nacionales y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

En el encuentro se cuestionó que la iniciativa del Senador Ricardo Monreal, de Morena, establezca la disminución de obligaciones y la desvinculación de sistemas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

Ya anteriormente el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señaló nueve preocupaciones de esta iniciativa.

“Posterior a la presentación de dicha iniciativa, se circuló un proyecto de dictamen respecto de ésta, el cual presenta diversos puntos que implican, a juicio de los colectivos y organizaciones que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), un grave riesgo para avanzar en la consolidación de una Fiscalía que responda a las necesidades y estándares actuales en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de fenómenos criminales complejos, tales como la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares”, se señaló en un comunicado del Movimiento.

Para el Historiador y Maestro en Ciencias Sociales, Javier Yankelevich, de llevarse a cabo la reforma se tendría un retroceso en los procesos de justicia.

“Si la FGR propone y defiende esta y otras modificaciones legales en el Senado es porque está disputando el alcance de su recientemente adquirida autonomía. A juicio de sus jerarcas actuales, parece significar que no está legalmente obligada a nada que no sea explícito en una norma aprobada por el Congreso. Para la búsqueda la implicación legal es difusa: las reglas generadas en el SNB, notablemente el Protocolo Homologado de Búsqueda, están en buena medida construidas como desarrollos e interpretaciones de las normas contenidas en la LGD y otras leyes. La LGD obliga a las fiscalías especializadas a seguir el Protocolo de Búsqueda, y su propio Protocolo de Investigación para Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares (de 2018) lo hace muy explícito en su página 10″, dijo el Director de Operaciones de Búsqueda en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas al proyecto A dónde van los desaparecidos.

“¿A qué quedarían obligados fiscales, peritos y policías de investigación, y a qué no?, ¿quedarían obligados todos los que investigan delitos cometidos contra personas desaparecidas (secuestro, trata, sustracción, etc.), o sólo los especializados en investigar desaparición forzada y cometida por particulares?, ¿la regla es la misma para fiscalías locales que para la federal?, ¿el hecho de que, según el artículo 45 fracción IX de la LGD, una persona representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia siga siendo integrante del SNB obliga a todas las fiscalías (incluida la FGR) a cumplir sus acuerdos?”. 

Esta discusión, aseveró Yankelevich, debería tener mayor presencia, debido a que la estrategia de la Fiscalía es deslindarse de sus labores necesarias en este país que tiene un problema grave en el tema forense.

“Hay docenas de miles de cuerpos y un número indeterminado de restos sin identificar en las morgues y fosas comunes del país. Es triste pero también natural pensar que un número importante de ellos pertenezca a personas desaparecidas. Sin embargo, las comisiones de búsqueda sólo pueden intervenir en la identificación forense cuando las fiscalías explícitamente las habilitan, y de nada sirve su facultad de acceder al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas si la FGR no avanza en su implementación de la mano con las fiscalías y servicios forenses locales.”, señaló. 

El foro que convocó el Senado se rechazó como un parlamento abierto, dejando claro por los colectivos un descontento y posible utilización para anunciar la inclusión de los familiares de personas desaparecidas en una reforma.

Los colectivos, organizaciones civiles y políticos llamaron a crear un parlamento abierto verdadero, donde se tome en cuenta las apreciaciones y modificaciones de la sociedad, tal como se desarrolló con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.