Fijan fecha para posible perdón en caso de desvío en Finanzas

“Yo sigo sin saber dónde está el dinero. Para mí sigue desaparecido”, dijo la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada sobre el caso más emblemático de corrupción en la historia política reciente de Sinaloa.

Se trata del desvío de 293 millones de pesos, tal como la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y la Auditoría Superior del Estado documentaron y confirmaron por parte de Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas con el ex gobernador Mario López Valdez (2011-2016) y dos de sus ex colaboradores.

Los dos dictámenes

Los abogados de los ex funcionarios han insistido durante los últimos dos años que sus clientes sí cometieron un error, por utilizar recursos de unas cuentas específicas de proyectos federales a otras para pagar nómina y aguinaldos de burócratas, así como para dar recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2016.

Sin embargo, en lo que no están de acuerdo es que se les haga una multa a sus clientes por la misma cifra, pues señalan que pese al desvío, no se hizo un daño a la hacienda pública.

Lo anterior lo sostienen con dos dictámenes, uno que hizo la Secretaría de Transparencia y otro de la Auditoría Superior Estatal.

El primero, de acuerdo con solicitudes de información, aún no ha sido terminado, y en el otro se reconoció que es tanto dinero y tantos documentos que no podían revisar toda la información, pero por fe a ciegas lo daban por hecho.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción prefirió no investigar y tomar esos dictámenes para darle la razón a los abogados defensores. Lo mismo sucedió con la Administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Fue así que todas las partes se pusieron de acuerdo para dar un perdón a cambio de 2 millones de pesos.

La única persona en contra de ese arreglo fue la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien se ha pronunciado en múltiples ocasiones a dejar en claro tres cosas:

• que es una decisión del gobierno del Estado el perdonar,
• que la Fiscalía Anticorrupción no investigó más allá de los dictámenes y
• la necesidad de conocer qué sucedió con todo el dinero.

Para dejar en claro eso, la jueza se ha opuesto en distintas ocasiones, encontrando lagunas jurídicas que han dejado tanto la Fiscalía Anticorrupción, como el gobierno del Estado y la defensa de los ex funcionarios.

Tanta ha sido su resistencia, que ha hecho que en este juicio alargado por más de tres años se dé a conocer cómo han actuado cada una de las partes, como que los responsables de los acuerdos se encuentran en las más altas esferas del actual gobierno y que la Fiscal Anticorrupción Reyna Guadalupe Angulo Valenzuela decidió no ir más allá en este caso.

Incluso, hay recursos legales, de revisión y de amparo, que le han dado la razón a la jueza, quien ahora solo reclama que se dé a conocer qué sucedió con los 293 millones de pesos de dinero público.

“Ustedes vienen para que el Tribunal diga que todo está bien y no es así, yo sigo sin saber dónde está el dinero. Para mí sigue desaparecido”, dijo la jueza en audiencia pública el 14 de junio de 2021.

El 24 de junio podrá saberse si después de cumplir con cada uno de los requerimientos de Quiñónez Estrada se logra un perdón a cambio de 2 millones de pesos.

“Todavía hay que ver lo de la reparación del daño“, enfatizó quien tiene frente a ella a una defensa única sobre un caso penal que trata de esquivar la cárcel por una decisión administrativa inconclusa.