El gobierno mexicano se lanzó contra maquiladoras y distribuidoras de armas, revelando una serie de confesiones de parte, como la falta de control sobre las fronteras, la facilidad de las organizaciones criminales para adquirirlas y moverlas en cualquier parte del país, y el riesgo que han impuesto, incluso, a las fuerzas armadas.

Esa acusación se hizo con una demanda civil, cuyo contenido está integrado en 139 páginas con señalamientos directos a las fábricas Smith & Wesson Brands, Inc.; Fabricación de armas de fuego BARRETT G, INC.; Beretta EE. UU. CORP.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms Inc.; COLT’S Manufacturing Company LLC; GLOCK, INC.; GLOCK GES.M.B.H.; STURM, RUGER & CO., INC.; Witmer Public Safety Group, Inc. y Brazos Interestatales.

Esa demanda civil se comenzó tras asegurar que estas compañías son parte del tráfico de armas al conocer a sus compradores y las cadenas de distribución. En pocas palabras: de complicidad.

“Los acusados ​​también tienen, y deben tener, acceso a conocimientos especializados y detallados de las actividades de ventas sospechosas. Los rastros de ATF, los informes públicos extensos de la actividad de tráfico ilegal y los datos de ventas sofisticados permiten a los Demandados monitorear el volumen y el tipo de ventas que los alertarían sobre actividades de ventas sospechosas y distribuidores problemáticos. Esta información permitió y requirió que los Demandados jugaran un papel decisivo para detener el suministro de sus armas a los cárteles en México”, se aseguró.

Para sostenerlo, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un informe pormenorizado de casos identificados sobre juicios en Estados Unidos y México, con detalles específicos que apuntan a posibles complicidades entre distribuidores y las fábricas para alimentar la “epidemia de armas”.

“Las autoridades han identificado y recuperado repetidamente las armas de los acusados ​​en conexión con notorias redes de tráfico de armas en las que los traficantes de los acusados ​​suministraban a los traficantes de carteles. Los acusados ​​recibieron notificación de estos incidentes a través de solicitudes de rastreo de la ATF, informes de noticias y documentos judiciales. Son plenamente conscientes de su contribución a la epidemia de armas”, señaló la SRE.

El tráfico de armas, sin embargo, es legal en Estados Unidos. Hay personas que cuentan con licencias federales para adquirir rifles de alto calibre, chalecos antibala y otros aditamentos de alta tecnología.

El negocio está, de acuerdo con la demanda, en revender las armas a grupos criminales desde la frontera.

“De abril a noviembre de 2018, Zeroed In Armory, un comerciante del área de Houston, vendió al comprador principal de una red de tráfico más de 170 armas, incluidos 76 rifles estilo AK, 86 rifles estilo AR y 6 rifles calibre .50, al menos 2 de que eran pasadores. Pagó aproximadamente $ 7,450 por cada rifle Barrett calibre .50 y los volvió a vender con una ganancia de $ 4,000. En agosto de 2018, Zeroed In Armory vendió dos rifles Colt al traficante en una transacción de venta múltiple, y fueron recuperados dos meses después. en conexión con un crimen en Nuevo Laredo”, se documentó.

Cada distribuidor, que realmente funciona como mediador entre las fábricas y los grupos criminales, vende a los mejores postores. Estas son modificadas más tarde, con la ayuda de artesanos, joyeros y expertos en manejo de armas, pero su fin ha sido el de dar poder a los criminales.

“De 2007 a 2008, la tienda de armas de Phoenix X-Caliber Guns vendió más de 650 armas, en su mayoría armas de asalto, incluidas AK-47, a compradores falsos reclutados por un cartel de la droga. XCaliber vendió las armas después de que le dijeron que los compradores planeaban venderlas en México, e incluso le recomendó a un comprador que dividiera las compras para evitar levantar sospechas. Varias armas de fuego recuperadas en México se remontan a X-Caliber, incluyendo: un rifle de asalto recuperado después de una redada del gobierno en una casa de seguridad de un traficante de drogas que dejó ocho agentes mexicanos muertos; tres rifles de asalto recuperados después de que miembros de una banda de narcotraficantes dispararan contra las autoridades mexicanas; una pistola Century Arms WASR-10 y una Colt Super con incrustaciones de diamantes recuperados después del asesinato del jefe de policía de Sonora el 2 de noviembre de 2008 cerca de la frontera de Arizona; una pistola Colt Super incautada en 2008 cuando las fuerzas especiales mexicanas capturaron a un importante lugarteniente del Cartel de Sinaloa; y tres rifles de asalto recuperados después de que la banda de narcotraficantes Beltrán Leyva disparara contra agentes de la policía federal el 2 de julio de 2008”.

Los mediadores pueden ser personas de alto perfil, tanto que se ha documentado a ex integrantes de policías y ex funcionarios estadounidenses como parte de esa red de compra-venta.

Su línea de crédito es tan grande que pueden comprar armas de guerra, particularmente como los rifles Barret de calibre .50.

“Desde octubre de 2015 hasta mayo de 2016, el comerciante Ballistic Guns conspiró con un ex oficial de policía de Tucson para comprar armas y traficar armas a México. Traficaron 35 armas, incluidos 2 rifles Barrett calibre .50, un rifle Ruger y 9 pistolas Colt Super. Agentes de la ATF interceptaron uno de los rifles calibre .50 en la frontera. Las autoridades declararon que “la evidencia de la investigación estableció que estas armas fueron vendidas a miembros de los cárteles de la droga de México y que las armas estaban destinadas a México”. Dylan Smith, “Tucson Firearms Dealer Gets 6.5 Years for Trafficking Guns to Mexican Cartels”, Tuscon Sentinel (19 de marzo de 2018)”, se señaló.

Casos ejemplares:

Para poder medir el impacto de la llamada “epidemia de armas”, la Secretaría de Relaciones Exteriores citó cinco casos ejemplares de dolor.

El primero fue la masacre contra agentes federales en Acapulco en 2006, indicando como uno de los principales responsables al distribuidor Carter’s Country en Spring, Texas.

“De 2006 a 2007, el distribuidor Carter’s Country en Spring, Texas, suministró armas a un traficante, incluidos dos rifles Smith & Wesson. Según los informes, una de las armas traficadas se utilizó en la “masacre de Acapulco” en 2006, cuando más de una docena de asaltantes armados irrumpieron en dos oficinas del fiscal general del estado y ejecutaron a cuatro agentes de policía y tres secretarios. Años antes, un ex empleado de Carter’s Country probó bajo juramento que la gerencia de Carter ordenaba repetidamente a sus empleados que fomentaran las compras falsas para evitar perder ventas. Más tarde, The Washington Post identificó a Carter’s Country como uno de los principales proveedores de armas delictivas en México, con 2 de las 12 principales tiendas de EE. UU. vendiendo la mayor cantidad de armas criminales recuperadas en México”.

Otro de los ejemplos es el ataque a Omar García Harfuch el 26 de junio de 2020 por un grupo armado. La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera han señalado que los presuntos responsables son miembros de la organización Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Parte de la armas usadas en ese atentado fueron de origen estadounidense.

“En un hecho que fue noticia internacional, el 26 de junio de 2020 asesinos disfrazados de trabajadores viales atacaron al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El señor García Harfuch resultó herido pero sobrevivió; murieron dos guardaespaldas y un transeúnte. Entre las armas utilizadas por los asesinos se encontraban tres rifles de francotirador Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson de 9 mm, una carabina Smith & Wesson de calibre 5,56 mm, un rifle Ruger de calibre 5,56 mm y una carabina Colt de calibre 5,56 mm”.

Otro caso es el derribo de un helicóptero en Tierra Caliente, Michoacán.

“En septiembre de 2016, hombres armados aparentemente vinculados al cártel de los Caballeros Templarios derribaron un helicóptero perteneciente a la oficina del fiscal general del estado con un rifle Barrett calibre .50 en la región de Tierra Caliente de Michoacán. El piloto del helicóptero murió junto con tres oficiales”, se señaló.

Esas armas compradas en Estados Unidos y revendidas a organizaciones criminales en México o a particulares son movilizadas en cualquier parte del País, y algunas de ellas generan apego entre criminales, tanto como para ser utilizadas en asesinatos específicos, como el de la periodista Miroslava Breach Velducea.

“Más de 2,000 de las armas de asalto recuperadas en México entre 2006 y marzo de 2018 fueron producidas y distribuidas por el acusado Colt, más que cualquier otro fabricante. Colt ni siquiera intenta ocultar su complacencia con el mercado criminal en México. Colt produce tres modelos de pistolas que apunta específicamente al mercado mexicano. Se trata de la pistola Super “El Jefe” calibre .38; la pistola Super “El Grito” calibre .38; y la pistola calibre .38 “Emiliano Zapata 1911”. Estos modelos son símbolos de estatus y codiciados por los cárteles de la droga; son introducidos de contrabando a México desde los EE. UU. por volumen”, se señaló.

“La pistola .38 Super edición especial de Colt tiene grabada una imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata en un lado del cañón y una frase que se le atribuye en el otro: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Una de esas pistolas se utilizó en 2017 para asesinar a la reconocida periodista de investigación Miroslava Breach Velducea, quien hizo el trabajo de su vida descubrir la corrupción, las redes de tráfico de drogas y las violaciones de los derechos humanos”.

La mayoría de los casos citados son atribuidos al Cártel de Sinaloa y en uno de ellos el gobierno mexicano admite haberse visto superado.

Se trata de la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

“Varias de las armas de los acusados ​​fueron utilizadas por sicarios (sicarios) del cártel en un tiroteo con la Guardia Nacional Mexicana, el Ejército Mexicano y oficiales de policía involucrados en una operación conjunta en Culiacán, México para arrestar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”. “Guzmán, el exlíder del cártel de la droga de Sinaloa, ahora encarcelado. Las autoridades detuvieron brevemente a Ovidio”.

“Pero los miembros del cártel llegaron a la escena y lograron la superioridad de fuego con vehículos montados con ametralladoras pesadas y varias armas de los acusados. Los sicarios del cartel usaban uno o más rifles de francotirador Barrett calibre .50, varios rifles de asalto de estilo AK y AR-15 y pistolas Beretta y Glock”.

“El cartel fuertemente armado bloqueó carreteras con convoyes armados, colocó barricadas y diseñó una fuga de la prisión en la que 49 prisioneros escaparon. También colocaron a hombres armados fuera de las casas de los soldados mexicanos y amenazaron con ejecutar a sus familiares a menos que Guzmán fuera liberado. Estallaron ataques violentos por toda la ciudad, lo que provocó que muchos residentes huyeran o se encerraran dentro de sus casas. Ocho personas murieron y veinte resultaron heridas”.

En esta denuncia se hizo un énfasis sobre las víctimas inocentes, conocidas como colaterales. Cita el caso de mujeres y hombres asesinados con armas automáticas en casi todo el País.

Esta epidemia de armas, como ha catalogado Relaciones Exteriores, ha dejado miles de víctimas, pero la mayoría siguen como casos impunes.