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Huele a gas: Grupo GPO amenaza con retirar de Sinaloa el proyecto de planta de amoniaco

Si la consulta es la que decidirá el destino final de la planta de GPO, entonces la pregunta es por qué no se ha implementado.

El ultimátum que expone la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para que las autoridades resuelvan el prolongado diferendo que le impide concretar la planta de amoniaco en Topolobampo, o de lo contrario retirará la inversión para moverla a Texas, Estados Unidos, reedita el dilema de sacrificar el proyecto que detonará el desarrollo económico en el norte de Sinaloa, o atender las protestas de grupos que reclaman proteger el medio ambiente.

Por un lado, la retracción en la economía sinaloense que es agudizada por las largas y graves consecuencias de la pandemia de coronavirus da pie a considerar las derivaciones de dejar ir 1,200 millones de dólares en la primera etapa y la generación de 2,000 empleos en la fase de construcción y 300 permanentes. En el lado opuesto, sectores ambientalistas e indígenas ponderan el impacto en los ecosistemas en caso de ubicarse esta industria en humedales protegidos por tratados internacionales de defensa del hábitat.

Al gobierno, en sus ámbitos estatal y federal, le falta explorar las posibilidades intermedias que siempre existen en cualquier conflicto. Las autoridades e instituciones de Sinaloa no van más allá de la declaración de respaldo a la planta que produciría 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, insumo fundamental para el campo sinaloense, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva casi tres años prometiendo una consulta popular para decidir si autoriza o no que se instale esta industria.

Los directivos de la firma GPO instan a que se acelere la definición ya que otros países muestran mayor disposición a facilitar que sea implementado el proyecto. “Si este año no se logra entonces si corremos el riesgo de que los inversionistas, el Estado Alemán, que es nuestro único socio, digan ya llevamos mucho aquí, le echamos todas las ganas, hicimos todo lo posible, pero pues no se pudo, entonces si se llevarían la inversión a otro lado y muy específicamente podría ser a Texas”, señala Arturo Moya Hurtado, director general de la empresa.

Si la consulta es la que decidirá el destino final de la planta de GPO, entonces la pregunta es por qué no se ha implementado.

La irresolución de jueces, dependencias públicas federales y estatales, y la inconformidad de los sectores del norte de Sinaloa amparados contra el proyecto, adquiere el tufo asfixiante del amoniaco que se expande más allá de Topolobampo con un mensaje desalentador para el capital privado: el gobierno opera como obstáculo en lugar de ser facilitador de la inversión extranjera directa.

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