Seguridad

Cárceles de Sinaloa ingobernables: rejas que se derriten con el soplete de la corrupción

El poder del dinero por encima de la fuerza de la norma jurídica es lo que convierte en barrotes de chicle lo que tendría que ser de acero inalterable.

La escena se repite como obra de teatro con mil y una representaciones: las armas entran a los penales sinaloenses, las fugas, riñas y amotinamientos se fraguan con toda la tolerancia y calma del mundo y cuando los hechos detonan llega el mismo diagnóstico que se ha realizado siempre con la reprobación del modelo de readaptación social y la enumeración de las fallas e impunidades que confirman a las cárceles en poder de la delincuencia, sin los programas de gobierno que vigilen el cumplimiento de la misión del sistema estatal penitenciario.

La noche del sábado 18 de septiembre los ciudadanos volvimos a ver la misma película de negligencias, complicidades y simulaciones que reiteran a los reclusorios como universidades del crimen, lejos del propósito de reinsertar a los internos a la vida legítima. Con el resultado de tres reclusos muertos y uno herido, la revuelta en el penal de Culiacán no deja lugar a dudas sobre el abandono gubernamental y la ocupación delincuenciales en estos espacios.

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Y para no variar, emerge el análisis y dictamen que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos que insiste en reprobar al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito localizado en Aguaruto debido a la insuficiencia de voluntades o programas para solucionar la falta de condiciones para la rehabilitación de las personas, así como el cogobierno que los reos ejercen en el penal.

Pareciera poco creíble que al Gobierno de Sinaloa le resulte imposible poner orden en las cárceles que, al tratarse de áreas controladas en sus accesos y actividades intramuros, bien pueden ser supervisadas y administradas adecuadamente por las autoridades. De igual manera es inverosímil que los sucesos de violencia donde salen a relucir armas de fuego se den sin los ingredientes de corrupción, impunidad y tráfico de influencias en los que participan los integrantes de la cadena de custodia penitenciaria.

El poder del dinero por encima de la fuerza de la norma jurídica es lo que convierte en barrotes de chicle lo que tendría que ser de acero inalterable.

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Lo más lamentable es que los servidores públicos se transformen en narradores del descontrol y pudrición del esquema carcelario sinaloense, siendo que conocen lo que sucede en los penales, saben de la deficiente seguridad, de que las rejas que se vuelven de hule al intervenir fuertes sumas económicas para la cooptación, pero se estancan en la indiferencia y permisibilidad hasta que la opinión pública confirma que continúa intacta la siniestra colusión entre reos, delincuencia y gobierno. Y entonces sí los funcionarios de todos los niveles salen a hablar del albañal presidiario del cual forman parte.

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