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Estima Congreso posible daño al erario por 297 MDP en cuenta pública 2019

Este informe lo elaboró la Comisión de Fiscalización previo al análisis que hará la Auditoría Superior del Estado.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Congreso de Sinaloa | Fotografía: Cortesía

El gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Congreso de Sinaloa | Fotografía: Cortesía

La comisión de fiscalización del Congreso local hizo un análisis sobre el posible daño al erario desde entes públicos, el cual se calcula por 297 millones 769 mil 223.23 pesos.

Este informe lo elaboró la Comisión de Fiscalización previo al análisis que hará la Auditoría Superior del Estado.

En este contexto, estaríamos creando un instrumento que deberá de aportar elementos importantes y necesarios para la toma de decisiones de este Órgano Colegiado previa a la conclusión de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2019, así como de la Gestión al Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa“, se lee en el informe que se hizo público por la 63 Legislatura.

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El gobierno del Estado es el que tiene el mayor número de observaciones, y resumidas en dinero se traduce en un posible daño al erario por 65 millones 203 mil 511.10 pesos.

Parte de esas observaciones vienen de auditorías a las dependencias sobre programas de orden social.

Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable integró un programa llamado “Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y Contra Riesgos Sanitarios”, pero este se hizo sin vincular la problemática real y por lo tanto resultó ineficiente.

“Los indicadores incluidos se consideran inadecuados e insuficientes para valorar la contribución del programa en los impactos sociales; el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a su operación; la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del programa; y la gestión de los procesos: recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de insumos, la operación, entre otros”, se indicó en el reporte.

Así como ese programa, hubo otros en distintas dependencias, como en la Secretaría de Pesca o la Secretaría de Seguridad Pública. Esta última falló en los indicadores para medir el impacto de los programas para la atención.

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Los indicadores incluidos se consideran inadecuados para valorar la contribución del programa en los impactos sociales, así como también los indicadores para medir la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del programa; en cambio son adecuados y permiten medir el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a su operación y la gestión de los procesos: recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de
insumos, la operación, entre otros”
, se señaló.

Al gobierno del Estado le siguen los ayuntamientos de Culiacán, Guasave, Navolato, Mazatlán, Rosario y Ahome, sobre todo por problemas de subejercicio y errores en los registros contables.

También se analizó entes públicos de los poderes, siendo Servicios de Salud, la Universidad Tecnológica de Escuinapa y Preforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin) los que tienen el mayor número de problemas.

La Comisión de fiscalización también tomó en cuenta las denuncias sobre dependencias, siendo las alcaldías las de mayor problema, particularmente Ahome y Mazatlán.

La estimación sobre el daño al erario prevé también una disminución general de los montos en comparación con años anteriores.

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Sin embargo, aún falta el informe de revisión a las observación que debe entregar la Auditoría Superior del Estado como faceta previa al informe de resultados de las cuentas públicas de 2020, el cual será público en febrero de 2022.

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