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El “Químico” Benítez y la “indemnización” a Nafta: ¿alguien defenderá a los mazatlecos?

La principal agravante de esta conducta del presidente municipal tiene que ver con la traición a los mazatlecos al no tomarlos en cuenta para afectar el patrimonio de la ciudad.

Comprometiendo lo que les pertenece a todos los mazatlecos, privilegiando los intereses de un particular y aparte escondiendo de la vigilancia pública el correspondiente acuerdo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aceptó pagarle a Nafta Lubricantes la cantidad de 141 millones de pesos como arreglo por un viejo litigio donde la empresa obtuvo dicha “compensación” mediante orden de un juez.

Todo sería normal a no ser porque el caso está marcado con elementos de sospechas en cadena. El alcalde Benítez cedió con facilidad ante la decisión judicial, sostuvo a la parte demandante como proveedora de su gobierno, intentó reservar el correspondiente convenio y utilizó terrenos que son bienes públicos para pagarle a Nafta.

La principal agravante de esta conducta del presidente municipal tiene que ver con la traición a los mazatlecos al no tomarlos en cuenta para afectar el patrimonio de la ciudad.

Pero existen daños colaterales como la indiferencia que el Congreso del Estado, el gobernador Rubén Rocha Moya y las instituciones de transparencia y procuración de justicia mantienen ante un caso que cada vez indigna más a la sociedad. Por las omisiones de aquellos cuya bandera es el combate a la corrupción, desde Mazatlán emana hacia el resto de Sinaloa el antecedente no solamente de impunidad sino también de intocabilidad para los políticos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador que usan tal relación como trampolín para saltar por encima de la ley.

Recientemente, debido a la presión ciudadana, el alcalde Benítez Torres procedió a revelar en forma parcial el convenio ventajoso para una empresa y perjudicial para los mazatlecos. Con la información disponible, aunque todavía insuficiente, se exhibe lo medular: a más tardar el 28 de febrero el gobierno municipal le entregará bienes públicos a la firma mencionada dejando en la indefensión jurídica y social a familias que con el valor de las propiedades del municipio deberían recibir mejorías de servicios públicos y bienestar.

Ya no debiera valerse en estos tiempos que un solo político en funciones de gobierno le cause afectaciones a toda una comunidad.

¿Qué pasa con los “representantes populares” que renuncian a esa obligación y se convierten en defensores de sus cofrades de partido? ¿Dónde está el nuevo gobierno estatal que deja pasar y hacer a los que les asestan puñaladas en la espalda a los ciudadanos sabiendo que la traición está legitimada como escalera de ascenso en el servicio público? Si prosiguen en sus silencios las complicidades estarán confirmadas.

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