Innovación

Que la investigación científica que se hace en Sinaloa le sirva a los sinaloenses

Cada año, la Federación distribuye millones de pesos entre los investigadores científicos que trabajan en nuestro estado. Pero salvo contadas excepciones, esos recursos no han impactado en la competitividad de Sinaloa ni de sus empresas, ni han mejorado la calidad de vida de los sinaloenses.

Dr. Carlos Karam Quiñones. Foto: Josué David Piña

Dr. Carlos Karam Quiñones. Foto: Josué David Piña

Recientemente, el periódico Noroeste publicó que el Dr. Carlos Karam Quiñones, nuevo director del Centro de Ciencias del gobierno estatal, hizo está declaración: “En Sinaloa tenemos alrededor de mil investigadores, 636 de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores, pero hay un evidente divorcio entre la comunidad científica, la empresa y los usuarios del conocimiento”.

“El investigador hace el proceso de investigación –continuó diciendo Karam Quiñones-, luego hace una publicación (de la misma) de un artículo científico, en una revista indexada, y ahí se queda todo… Ese es el ciclo inacabado de la ciencia en México, pero sobre todo en Sinaloa”.

Carlos Karam, director del Centro de Ciencias de Sinaloa

Las expresiones del Dr. Karam reflejan una realidad que es lamentable: durante décadas, el talento y el trabajo de centenares de investigadores profesionales, científicos y técnicos no ha repercutido en que las actividades productivas del estado, y la calidad de vida de los sinaloenses, hayan mejorado de manera significativa. ¿Qué se ha hecho con ese trabajo de los investigadores?


La Ley de Ciencia y Tecnología: una buena Ley, que no ha servido a Sinaloa

Hace nueve años, en 2012, años de gestiones y esfuerzos de buena parte de la comunidad científica y del CODESIN, culminaron en la aprobación por el Congreso estatal de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entre muchas otras medidas prevé un apoyo anual para apoyar a la investigación científica, equivalente a un pequeño porcentaje del presupuesto del gobierno del estado.

Lo que unió a los científicos sinaloenses y al CODESIN para promover esta Ley, fue la convicción de que la competitividad presente y futura de las regiones del mundo se basa en la aplicación oportuna de la investigación y la creatividad científica a los procesos productivos, empresariales y sociales.

Desde las ciencias de la salud a la agricultura, el comercio, la industria y el gobierno, todas las actividades humanas pueden beneficiarse a través de la investigación, con mejoras en sus procesos y en las herramientas con las que trabajan, para hacer siempre más y mejor las cosas con menor inversión de recursos y trabajo. Eso sucede así en casi todos los países del mundo.

Con la nueva Ley, Sinaloa se puso a la vanguardia en estos temas. Sin embargo, el gobernador López Valdez nunca cumplió con el apoyo financiero comprometido y, durante el resto de su período, dejó la Ley como letra muerta. Después, el gobernador Quirino Ordaz hizo lo mismo. Evidentemente, para ambos gobernadores la investigación científica no fue una prioridad importante.

Pero durante esos casi diez años de pasividad financiera de los gobiernos estatales, desde el gobierno federal se estuvieron invirtiendo puntualmente para investigación científica, cientos de millones de pesos anuales, que se entregan a los varios cientos de investigadores que trabajan en Sinaloa. (Alrededor de mil actualmente, según el Dr. Karam Quiñones: 653 de ellos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores SNI/CONACYT).

¿Qué ha pasado con esa inversión? ¿Porqué no se ha reflejado en invenciones e innovaciones que incrementen la competitividad y la calidad de vida de Sinaloa?

El Dr. Karam adelanta respuestas cuando afirma: “los aproximadamente mil investigadores (que hay en Sinaloa) producen conocimiento… que se queda en las universidades o centros de investigación, y no llega a las empresas y a la sociedad”.

O sea: a los investigadores les llega el dinero que les autoriza el SNI/CONACYT, y a cambio desarrollan investigaciones que publican en revistas también autorizadas (indexadas) por el Sistema Nacional.

O sea: en las reglas del juego establecidas en México por el gobierno federal (SNI/Conacyt), no hay incentivos para que la generación de conocimiento aterrice en la sociedad, en las empresas. Sólo basta que los resultados de la investigación se publiquen en algunas revistas (científicas) que pocos leen.

¿Cómo lograr que la investigación científica beneficie a los sinaloenses?

Recientemente el Dr. Karam informó que se modificó la Ley de Ciencia y Tecnología, y se fusionaron el Instituto de Apoyo a la Investigación y el Centro de Ciencias (que el Dr. Karam dirige), creando así una nueva Coordinación para fomentar la investigación y la innovación en Sinaloa “y vincular el trabajo de los investigadores con las empresas y la gente”.

“La nueva Coordinación -sigue diciendo Karam-, contará con expertos en vinculación y transferencia de tecnología, para que ese artículo científico y esa tecnología sirvan para algo. El siguiente paso es patentar para protegerla… y meterle dinero para meterlo a la producción… Ese es el paso que nos falta…”.

Sin duda, son pasos en la dirección correcta, pero surge la pregunta… ¿Porqué no meter al proceso desde el principio -junto con los investigadores y los vinculadores-, a las organizaciones y empresas que tienen la necesidad, el conocimiento de los problemas y carencias a resolver, y además disponen del dinero para invertir en las soluciones? ¿Porqué seguir dejando el arranque de la solución solamente en manos de personas que no están en contacto con la realidad de los procesos, los problemas y los mercados?

Si partimos de que los investigadores mexicanos -los sinaloenses- tienen el conocimiento y la capacidad de crear nuevas soluciones científicas, lo que sigue es cambiar su sistema de incentivos, para que no se conformen con el ingreso del SNI y el reconocimiento de sus pares, y aspiren a que su trabajo tenga un impacto social y económico importante y un resultado financiero más atractivo para ellos.

Sólo así podremos generar localmente procesos de creación de soluciones científicas a problemas reales que tenemos en Sinaloa, y dejar de pagar por la tecnología a empresas extranjeras. Sólo así podríamos lograr que ese dinero se quede en nuestro estado, beneficiando a los propios investigadores, a las universidades que los cobijan, y a las empresas que patrocinen el desarrollo y la innovación científica.

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