Transparencia

“Parálisis en transparencia, un retroceso”: Iniciativa Sinaloa

Aunque ya hay sitios oficiales activos, persiste el problema de actualización de información sobre compras, arrendamientos, adjudicaciones y más trámites gubernamentales

La desactualización en las páginas del gobierno de Sinaloa es un retroceso a la transparencia, aseguró Marlene León Fontes, directora de la organización civil Iniciativa Sinaloa.

“Esto es un retroceso, es perder en lo poco que hemos avanzado. Antes teníamos información en Compranet de manera limitada, pero ahora ni siquiera eso”, señaló en entrevista.

Los sitios web del gobierno de Sinaloa se habían mantenido con problemas de servidores desde noviembre, con el inicio de administración de Rubén Rocha Moya como gobernador, de tal manera que no podía revisarse información básica en las páginas de secretarías, órganos descentralizados y coordinaciones, donde se guarda información básica para los ciudadanos.

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Tras documentarse ese problema se hizo una actualización de los sitios, pues no tenerla activa era un bloqueo al derecho a la información de los ciudadanos, aseguró León Fontes.

“Es mucho más grave que ni siquiera se encuentre la información, porque uno puede entender que cuando entras a los portales quizás hay información desactualizada, pero en este caso ni siquiera hay información, desapareció totalmente”, aseguró León Fontes.

“El ciudadano se queda sin información que es de interés por ser información básica, como lo que se publica en periódicos oficiales, los contratos, temas tan básicos como organigramas, tabuladores de sueldos… toda esa cuestión se trata de un derecho del ciudadano y esta situación está interfiriendo con el derecho a la información”.

Que las páginas no se encuentren activas o actualizadas impide conocer estimaciones, bitácoras, tabuladores, organigramas, compras, adjudicaciones, arrendamientos, contrataciones, nombramientos, entre otra información que debe tenerse publicada, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Transparencia de Sinaloa.

La Ley de Transparencia obliga a todas los poderes y sus dependencias a tener sitios de internet con información como medida de transparencia.

Nosotras tuvimos un acercamiento a inicios de diciembre donde comentamos, externamos esta situación a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y su equipo, les comentamos que entendíamos que comprendíamos que acababan de iniciar en sus cargos en esta nueva administración, pero queríamos una fecha exacta para saber cuándo iba a cesar esta situación”, aseguró la directora de Iniciativa Sinaloa.

Sin embargo, aunque los sitios oficiales ya se encuentran disponibles, hay otros que están desactualizados, como el Compranet Sinaloa, cuya información está actualizada hasta octubre de 2021.

Después de octubre se hicieron compras y contrataciones, como la solicitud de préstamos bancarios para cumplir con las obligaciones financieras de pago de nómina.

Para ello se pidió mil 600 millones de pesos dividido en cinco entidades bancarias distintas bajo procesos de contratación por invitación restringida.

Esas contrataciones se conocieron por preguntas hechas desde periodistas, no así por los canales oficiales de información.

“No puede existir esta situación donde dejen al ciudadano sin la información que ellos generan, a esta información pública que exige la Ley de Transparencia en el artículo 86, donde se señala que todos los sujetos obligados deben de tener un portal de internet donde publiquen toda su información, pero vemos que tienen dos meses que están incumpliendo y puede ser motivo de ser sancionados por la CEAIP“, señaló.

La falta de actualización de los sitios oficiales de información genera un problema a los ciudadanos, por ello, señaló la directora de Iniciativa Sinaloa, que puede escalar a situaciones más graves, como contrataciones y compras opacas a empresas irregulares.

Un hecho similar lo documentó la organización en septiembre del 2020 en la investigación “Sinaloa, la facturación invisible”, donde se demostró que el gobierno de Sinaloa emitió 6 mil 032 facturas, con las que se documenta la contratación de servicios con empresas fantasma, por un monto total que asciende a los 338 millones 069 mil pesos en un periodo entre 2014 a 2019. 

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