El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el comunicado “GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” que apoyaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto actual de la consulta popular de Revocación de Mandato por considerarla propaganda gubernamental en periodo prohibido.
A través de un comunicado, el INE señaló que la Comisión de Quejas y Denuncias sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) por la carta firmada por los funcionarios morenistas que forman parte de la Cuarta Transformación y fue difundida en sus redes sociales desde el 13 de febrero.
“El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato, asimismo, solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro”, explicó el INE en dicho documento.
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La Comisión del INE dictó procedencia de las medidas cautelares al alertar que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por parte de servidoras y servidores públicos para difundir de manera expresa y preponderante logros y acciones del Gobierno federal y de quien lo encabeza, lo que es “considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”.
En un análisis cautelar, dicha Comisión determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en un periodo prohibido, que va desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril, pues el escrito además de resaltar aspectos personales y la forma en la que gobierna AMLO, tiene como temática central y preponderante el señalamiento y la difusión de “logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la medida cautelar”.
Por lo que desde una perspectiva preliminar se concluyó que el comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes suscriben el documento son servidoras y servidores públicos del más alto nivel y responsabilidad en sus respectivas entidades federativas al hacer referencia a una serie de medidas gubernamentales, acciones y logros.
El ente electoral acordó ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo local denunciadas que inmediatamente y en un plazo no mayor a tres horas lleven a cabo las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.
El INE hizo un llamado a todas y todos los servidores públicos de evitar difundir propaganda gubernamental en periodo considerado como prohibido.
Quienes firmaron la carta fueron Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California; Víctor Castro, Gobernador de Baja California Sur; Layda Sansores, de Campeche; Rutilio Escandón, de Chiapas; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos.
Así como Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Miguel Barbosa, Puebla; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Cuitláhuac García, de Veracruz; y David Monreal, de Zacatecas.
Respecto a la tutela preventiva correspondiente a ordenarle a todos los involucrados que se abstengan de seguir haciendo actos similares, se declaró improcedente, ya que se trata de hechos futuros inciertos.
La Comisión de Quejas y Denuncias compartió su posicionamiento hacia las personas de todos los ámbitos y niveles de Gobierno para que ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.
“Por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de Revocación de Mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”, se explicó en el comunicado.
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El proyecto aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, y de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas correspondientes, incluso de manera oficiosa, para garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que de desarrolla la Revocación de Mandato.
Y de manera particular, “de vigilar a las personas servidoras públicas quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso”.
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Este contenido fue publicado originalmente por SinEmbargo:
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