Corrupción

La Auditoría observó 250.2 MDP de posibles irregularidades en cuenta pública de 2020

Los Ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Guasave, así como el gobierno del Estado que encabezó Quirino Ordaz Coppel entre los más observados

Edificio de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

Edificio de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) observó 250.2 millones de pesos en posibles irregularidades por el gobierno de Sinaloa, el Congreso local, el Poder Judicial, los 18 municipios, organismos autónomos y entes públicos estatales durante el ejercicio fiscal de 2020.

“La ASE tiene un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al viernes 18 de febrero para notificar a los entes fiscalizados sobre los informes individuales que contienen las acciones y recomendaciones, resultado de la revisión de su cuenta pública”, estableció un reporte de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, encabezada por el diputado Sergio Mario Arredondo.

Esta auditoría abarca el penúltimo año de la administración de Quirino Ordaz Coppel como gobernador.

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La Auditoría Superior del Estado presentó el informe de la cuenta pública 2020 el 18 de febrero ante la Cámara, en ese se indicó que hubo 42 auditorías de tipo financiera, una auditoría al Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa y 8 auditorías de desempeño.

Estas auditorías revisaron el gasto de 23 mil 633 millones de pesos, de un universo de 33 mil 288 millones de pesos, es decir, se auditó el 76 por ciento de la muestra tomada por la ASE.

Los resultados arrojaron 2 mil 73 resultados con observaciones desglosadas en 310 recomendaciones, 92 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 1,800 promociones de responsabilidad administrativa, así como 488 pliegos de observaciones con un 250.2 millones de pesos.

Las áreas clave identificadas por las que se presume daños o perjuicios a la hacienda pública estatal son la falta de documentación comprobatoria justificativa como expedientes que no fueron armados correctamente, omisión de reintegros obligados de recursos a la Tesorería de la Federación, pagos improcedentes o en exceso, anticipos a proveedores y contratistas que no presentaron amortización o recuperación, cobros que reflejan conceptos de estimación en exceso y no ejecutados, obras que no fueron concluidas o que no están en operación, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y/o con vicios ocultos y pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones.

La Auditoría, según indicó el reporte de la Comisión, tiene 10 días para notificar de las presuntas irregularidades a cada uno de los entes fiscalizados, para que estos, en un periodo de 30 días hábiles posteriores traten de aclarar las observaciones.

Los entes públicos que tienen un mayor de observaciones son el Poder Ejecutivo, con 11 recomendaciones, 118 promociones de responsabilidad administrativa y 37 pliegos de observaciones, por un monto de 15 millones 5 mil 801.98 pesos.

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Por monto económico en posibles irregularidades, el Ayuntamiento de Culiacán es el que tiene más obligaciones para aclarar, con 40.6 millones de pesos. Le siguen el Ayuntamiento de Mazatlán con 34 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guasave con 23.3 millones de pesos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa (CECyTES) con 19.6 millones de pesos.

La Comisión de Fiscalización advirtió que se llamará a la Auditora General, Emma Guadalupe Félix Rivera, cuanto momento necesario, con el fin de aclarar cada una de las observaciones hechas para evitar conflictos políticos.

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