Ecología

GPO acatará la resolución de la Corte sobre planta de amoniaco

El 6 de abril se discutirá en la corte la revisión de amparos promovidos por comunidades indígenas de Topolobampo en contra de la planta de amoniaco

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre los amparos en revisión que podrían echar abajo todos los permisos.

La Suprema Corte de Justicia está por analizar en el Pleno un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el pleno, se trata de un proyecto sobre tres amparos que podrían echar abajo el permiso de construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.

El argumento principal es que no se tomó en cuenta a las comunidades indígenas de la zona al norte de Sinaloa donde la actividad principal es la pesquera.

“El tema de la consulta indígena lo va a definir la Corte, si la Corte dice que se tiene que hacer, pues nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte y no la va a hacer la empresa, será como la consulta popular que la hizo el gobierno federal y en el caso de la consulta indígena lo tiene que hacer el gobierno federal, lleva una normativa que nosotros vamos a respetar como hemos respetado al 100 por ciento todas las leyes y normas mexicanas”, señaló Víctor Vaca Cuellar, director de Desarrollo de Proyectos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

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Actualmente hay seis amparos promovidos por grupos indígenas, pescadores y vendedores de mariscos de la bahía de Topolobampo, los cuales se encuentran bajo revisión por jueces federales, entre ellos tres que esperan una resolución de la Suprema Corte sobre temas ambientales.

El 28 de noviembre de 2021 se desarrolló un ejercicio democrático organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde se hizo una pregunta abierta a la población del municipio de Ahome, Guasave y El Fuerte sobre si querían o no una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.

Para este ejercicio de consulta se imprimieron 83 mil boletas, de las cuales por lo menos 40 mil fueron utilizadas.

Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo al término del ejercicio que aunque la consulta tuvo una opinión positiva, no sirvió para que siga adelante el proceso de instalación, pues la decisión será de la Corte.

“Es un ejercicio participativo y el Presidente pidió se hiciera así. Sin embargo, independiente del resultado se deberá revisar que se cumplió con todas las normas”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

La empresa GPO es una subsidiaria de la firma alemana Proman, la cual mantiene una promesa de inversión de por lo menos 1,250 millones de dólares, los cuales se aplicarían únicamente de tener el aval de la Corte y las comunidades indígenas.

Tenemos resultados de estudios como quizás ninguna entidad académica en este último tiempo, en el sentido de que sí hay resultados y estudios académicos muy valiosos y nosotros los tomamos en cuenta, nosotros tenemos los últimos”, indicó Vaca Cuellar.

“Estamos trabajando constantemente con las comunidades, con la academia para que de alguna manera mejorar todo el sistema ambiental de la zona. Estamos nosotros totalmente convencidos de que las comunidades conocen el proyecto, de todo el impacto que va a tener de forma ambiental y social”.

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De seguir la construcción de la planta, prosiguió el director de Desarrollo de Proyectos de la empresa, se trabajarán proyectos sociales y ambientales propuestos por esta.

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