Derechos Humanos

La Corte va por echar abajo los permisos para la planta de amoniaco en Topolobampo

El 6 de abril se resolverá por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se puede iniciar de nuevo con el proceso de instalación de la planta que promueve la empresa Gas y Petroquímica de Occidente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría echar abajo los permisos otorgados a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que busca terminar de construir una planta de producción de amoniaco en la bahía de Ohuira, un área natural protegida en la región de Topolobampo, al norte de Sinaloa.

El proyecto está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien atrajo el amparo 528/2018 promovido por la comunidad de Lázaro Cárdenas. Este es uno de los pueblos indígenas que podría verse afectados por el funcionamiento de la planta.

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El ministro confirmó la sentencia del 23 de febrero de 2021 que amparó a la comunidad, al asegurarse por el Juzgado VI en Sinaloa que no se consultó a los pueblos indígenas de la región.

“La autoridad responsable tenía la obligación de consultar a la comunidad indígena quejosa, antes de la emisión de la resolución en la que autorizó de manera condicionada”, se indicó en el amparo por el juzgado federal.

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Los señalamientos hechos en el juzgado se retomaron por el ministro Pérez Dayán, que citó también más amparos de índole similar: empresas privadas obtuvieron permisos sin que las autoridades, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hiciera una consulta previa a las comunidades indígenas para la instalación del proyecto.

La empresa GPO, subsidiaria de la firma alemana Proman, obtuvo permisos en 2014 por Semarnat para poder iniciar operaciones en la bahía de Ohuira para un proyecto que costaría hasta 1,250 millones de dólares en un lugar donde se desarrolla la nación Mayo-Yoreme con distintas comunidades, entre ellas Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira. Esos tres pueblos promovieron amparos entre 2018 y 2019 por falta de consulta.

El ministro Pérez Dayán señaló en su proyecto que la misma instalación de la planta puede impactar en la forma de vida de las personas que integran la nación Mayo-Yoreme, por lo que se debió informar y plantear posibles beneficios antes de dar el favor a GPO.

La Semarnat alegó que la ausencia de la consulta es porque para la dependencia no era necesaria, debido a que “es ambientalmente viable, entonces, ante la ausencia de una afectación significativa al ecosistema, resulta innecesario realizar la consulta indígena”.

El magistrado señaló que esa visión es errónea, al asegurar que “la finalidad de realizar tal proceso consultivo consiste, precisamente, en permitir que estos pueblos y comunidades puedan participar en la determinación de los impactos que podría generar el proyecto y, por otra, porque la consulta previa debe realizarse con independencia de si los impactos de un proyecto son negativos o positivos“.

Además, agregó que “la autorización ambiental del proyecto de la planta de amoniaco, sí podría tener impactos significativos en la vida y entorno de la comunidad indígena quejosa, debido a que el proyecto implica la realización de actividades ‘altamente riesgosas'”.

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Este proyecto de sentencia concede el amparo a la comunidad de Lázaro Cárdenas y echa abajo cada uno de los permisos y las modificaciones hechas en favor de la empresa GPO.

Aún falta la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, la cual se desarrollará el 6 de abril en sesión programada, donde se establecerá si es posible reiniciar el proyecto de permisos con una posible nueva consulta.

Copia de pantalla de un fragmento de la propuesta de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán

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