Pide Rocha ‘voto de conciencia’ a indígenas sobre planta de amoniaco en Topolobampo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió un voto de conciencia a los grupos indígenas de la bahía de Ohuira, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les diera un amparo para tumbar los permisos a la compañía Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Ese voto de conciencia, dijo, deberá ser en la consulta a los pueblos que deberá hacer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se tiene la obligación de preguntarles a los indígenas Mayo-Yoreme si quieren o no que se construya una planta para producción de amoniaco en la bahía.

“Hago un llamado para que los pueblos indígenas voten en conciencia y ojalá, ésa es mi opinión, ojalá que la aprueben, pero eso ya depende de ellos”, dijo Rocha Moya en entrevista a medios de comunicación.

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El gobierno de Sinaloa se ha mostrado a favor de la instalación de la planta de la empresa GPO, subsidiaria de la firma alemana Proman, cuya inversión se prevé en 1,250 millones de dólares en una primera etapa.

Rocha Moya y sus secretarios de Economía y Agricultura ven en ese proyecto como uno de importancia social y económica necesaria por dos factores: la posibilidad de tener precios bajos en la compra de fertilizantes para el campo y la atracción para nuevas inversiones en la región norte del Estado.

Pero en el discurso del gobernador y sus funcionarios hay otra premisa, que esa inversión debe hacerse de manera legal.

La Suprema Corte determinó que los permisos que obtuvo GPO con Semarnat fueron dados de manera ilegal en 2014 por la falta de consulta a los pueblos y ahora, tras 8 años, tendrá que reiniciarse el proceso.

“El alcance ahí lo dice, ordenan que se haga la consulta de ley a los pueblos indígenas, hay que hacerla y dicen ahí que dependiendo del resultado se harán los trámites correspondientes para si sí se acepta para que se proceda a la instalación de la planta y si no eso es clave, si la consulta dice no, no puede instalarse”, señaló el mandatario.

El gobierno federal hizo un ejercicio democrático como simulación de consulta en noviembre de 2021, el cual resultó a favor de la construcción de la planta. Ese ejercicio, sin embargo, tuvo dos situaciones negativas, la primera fue que se hizo de manera abierta a toda la población y no únicamente a los pueblos indígenas Mayo-Yoreme y la segunda que no era vinculante, es decir, no tenía efecto legal.

“Ésa es una consulta adicional que se hace por Gobernación para efecto de ver la aceptación o no que también para el gobierno de Andrés Manuel son consultas vinculantes, aunque no te la pongan como condición que es el caso de la consulta indígena porque es por ley, aunque no te la pongan por condición el presidente Andrés Manuel ha resuelto hacer una consulta popular y darle carácter de vinculante, si te dice que no, no y si te dice que sí, como es lo que ocurrió entonces. Sí, entonces, el pueblo la quiere, pero ahora lo que tenemos que hacer es ver si los pueblos indígenas la quieren”, dijo el gobernador.

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A la fecha no hay una fecha para la consulta, pues aún falta que se dé a conocer los alcances, efectos y condiciones, luego se dará la fecha oficial.