Derechos Humanos

Anuncian consulta para planta de amoniaco a finales de junio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que solo se deberá consultar a los pueblos que se verán afectados

La consulta por la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira se realizará en los últimos días del mes de junio, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera desde Culiacán.

“Esa es una planta que estuvo parada 10 años. Ahora con la intervención del Presidente y mi gobierno la hemos destrabado, y es un mensaje para inversionistas extranjeros”, señaló el gobernador de Sinaloa Rocha Moya al respecto.

La consulta deberá ser únicamente a los pueblos indígenas que están alrededor de la bahía y que se verán afectadas, no sin antes informar de los riesgos e impactos que causará en ese espacio.

La información debe darse por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa subsidiaria de la firma alemana Proman, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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GPO obtuvo permisos y la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental en 2014, fue así que se comenzó a construir una planta para producir 2,200 toneladas de amoniaco diariamente.

Esos permisos se dieron sin haber consultado a los pueblos indígenas de la zona, como se establece en normas internacionales y la Constitución de México, y sobre un sitio natural protegido por una gran cantidad de peces, moluscos, crustáceos, mamíferos marinos -ahí llegan a descansar ballenas y delfines-, aves migratorias y vegetación.

Los pueblos se enteraron del proyecto una vez que se taló 24 hectáreas de mangle y afectó la producción de camarón y moluscos.

Un grupo de activistas y académicos se reunió con los pueblos indígenas, les dieron a conocer esos posibles impactos, por ejemplo, el que pueda haber explosiones y fugas accidentales, algunas de ellas submarinas. Eso se encuentra en la Manifestación de Impacto Ambiental, pero no se informó a los pobladores de la bahía de Ohuira.

De acuerdo con el académico Federico Páez Osuna, del Colegio de Sinaloa, en esa bahía salen a pescar hasta 700 familias, según escribió en el libro “La paradoja del amoniaco”.

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Los pueblos de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones promovieron amparos contra los permisos otorgados, pues no se hizo consulta previa en a las comunidades indígenas.

La Corte les dio la razón y determinó que “no resulta dable excluir a la comunidad indígena ni, por ende, privarles de su derecho a emitir las opiniones y puntos de vista que estimen relevantes respecto a una decisión estatal que incide en su territorio y en los ecosistemas que ahí se encuentran”.

Luego de que la comunidad Mayo-Yoreme esté completamente enterada sobre los riesgos e impactos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe investigar qué pueblos son los afectados, para que estos obtengan la información suficiente y luego decidan cómo se realizará el consenso.

Al final de ese proceso se deberá hacer la consulta tal como lo estableció la Corte, solo con los pueblos que se verán afectados.

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