El 23 de junio deberá presentarse Jesús Estrada Ferreiro en los tribunales.

El ex alcalde de Culiacán enfrenta cargos por abuso de autoridad y discriminación, tras una denuncia que interpuso el colectivo de Familias de Policías Caídos.

Esa denuncia se interpuso ante la vicefiscalía zona centro, donde se dio trámite y se inició una carpeta de investigación, misma que se usó para la solicitud de desafuero ante el Congreso de Sinaloa.

El cuadernillo para la audiencia inicial cuenta con el folio 00690/2022.

Apenas el 10 de junio se hizo el desafuero en una sesión secreta del Pleno de la Cámara, donde se tomó en cuenta los reclamos de las viudas, así como otra carpeta en la que se presume delitos por presunta corrupción.

En lo que consta a los delitos señalados por las viudas, esta acusación surgió luego de señalamientos y expresiones que habría dicho Estrada Ferreiro durante sus funciones como alcalde, así como por no hacer la homologación de las pensiones a los salarios de policías en activo como se estableció en la última reforma a la Ley de Seguridad Pública.

Incluso, Estrada Ferreiro promovió una acción de inconstitucionalidad para evitar hacer la homologación, al asegurar que el Congreso de Sinaloa actuó de forma indebida entrometiéndose en las finanzas municipales.

La acción de inconstitucionalidad se mantiene, pero Estrada Ferreiro no, pues debe enfrentar este proceso judicial por abuso de autoridad y discriminación, así como otro más por presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, no serán los únicos casos, de acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa, hay cuatro carpetas de investigación pendientes por presuntos casos de corrupción que están pendientes por integrarse.

“Cabe señalar que, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se tienen 4 carpetas más, contra personal del Ayuntamiento de Culiacán las cuales se siguen trabajando y hasta el momento no se tiene alguna determinación”, se indicó en un comunicado de la Fiscalía General emitido el 3 de junio.

De manera paralela, el Congreso de Sinaloa ya aclaró que sigue pendiente de resolverse un juicio político, el cual podría terminar con un inhabilitación del ex alcalde para poder ocupar cargos públicos.