En el Congreso del Estado no hay ninguna solicitud de juicio político contra ningún ayuntamiento, informó el diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Esto luego que el día de ayer viudas de policías y ex policías municipales de Mocorito pidieron una audiencia con los legisladores para promover una solicitud de juicio político contra la alcaldesa María Elizalde Ruelas.

“Lo que vimos en la mesa fue justamente escucharlos, la historia que ellos han cursado, el proceso legal, las resoluciones, los recursos que se han interpuesto, etc.; en ese sentido, lo que yo quiero subrayar es que los procesos son distintos y la naturaleza jurídica es diferente”, indicó refiriéndose al caso del juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro.

Precisó que en el Ayuntamiento de Mocorito ya corren dos procesos en los tribunales, uno con el caso de policías y otro ejercido por trabajadores.

Sobre las demandas de los ciudadanos mocoritenses el día de ayer, el legislador comentó que se pronunciaron para que se busque una alternativa y se solucionen los problemas conforme a derecho.

Aprovechando el tema, los medios de comunicación preguntaron al presidente de la JUCOPO si actualmente existen demandas de juicio político contra algún otro presidente municipal, descartando que exista uno contra el alcalde Mazatlán.

En el caso de la alcaldesa de Cosalá, dio a conocer que la semana pasada la Comisión de Puntos Constitucionales desechó uno promovido contra Carla Úrsula Corrales, al no reunir los requerimientos jurídicos consagrados en la Constitución del Estado.

“No se trata solo de que alguien diga es juicio político y vamos. Entonces, no todo problema se traduce en juicio político. Hay determinantes causales muy claras en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; si no imagínense, cuánto caso hubiera, van a decir juicio político contra tal o cual presidente”, mencionó.

#ESTRADAGATE

En cuanto al proceso que lleva el ex alcalde Culiacán en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el morenista explicó que el Congreso del Estado ya hizo su parte, por lo que le corresponde ahora a ese poder establecer los ritmos del caso.

Detalló que iniciado el proceso el Poder Judicial tiene un plazo de once días para que se resuelva, aunque precisó que ese lapso de tiempo cuenta a partir de que notifiquen al Congreso, trámite que no han recibido aún.

“Una cosa es que ellos reciban la acusación del Congreso y otra cuando ellos determinen, iniciamos el proceso el día de hoy, suponiendo, y es a partir de esa definición cuando cuentan los 11 días y se le tiene que notificar al Congreso cuando inicie porque nosrtos somos el jurado de acusación”, explicó.

“Cursados estos 11 días se reúne el pleno para emitir una sentencia”, anunció.