Los 22 robos bancarios que ocurrieron en Sinaloa durante el año 2021 no fueron castigados.

“100 por ciento fue la impunidad de robo a institución bancaria en el 2021, por lo que, de no mejorar las tareas preventivas y de investigación de este delito el estado de Sinaloa podría convertirse en el foco rojo nacional para el 2022”, reveló el estudio Ciudadanos Evaluando, que desarrolló el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP)

La incidencia de Sinaloa supera incluso a entidades con mayor población como Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

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El CESP logró obtener este informe con solicitudes de información a la Fiscalía General de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI.

Hay dos hallazgos más que son importantes a resaltar, uno es que Sinaloa se colocó como el segundo estado en el país con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Morelos.

También se encontró que los 22 robos bancarios fueron hechos con violencia, detonando armas de fuego de distintos calibres por delincuentes.

En algunos casos se perdió la vida de personas inocentes, como sucedió con José Cruz, un joven de 27 años asesinado el 7 de diciembre por tres hombres.

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Era empleado de una sucursal bancaria en Culiacán y los hombres lo sometieron y tuvieron como rehén, pero al verse frustrados uno de los asaltantes disparó y le quitó la vida.

Culiacán es el municipio que concentró más denuncias en 2021, con el 73 por ciento del total de casos registrados por la Fiscalía General de Sinaloa.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública observó con preocupación este crimen, que ha tenido un incremento sustancial en un 38 por ciento comparado con el 2020.

Incluso, el número de carpetas de investigación iniciadas equivalen a la suma de casos en Hidalgo, Chiapas, Baja California, Quintana Roo, Durango, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí.

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Este delito sostiene una tendencia a la alza en el comparativo anual, por lo que el Consejo estableció que se deben trabajar los programas de prevención y hacer análisis que puedan desarrollar las causas, así hacer planes de intervención más allá de operativos tras los ataques bancarios.