Seguridad

Periodistas reciben cada vez más ataques en México: crecieron 150% en seis meses

Entre los principales agresores de la prensa se ubica al Estado Mexicano, con 128 ataques; del crimen organizado se documentaron 30 agresiones

Por si el gobierno insistiera en negar y esconder esta realidad, en el informe que corresponde al segundo trimestre de 2022, la organización Artículo 19 que defiende la libertad de expresión en el mundo le agrega pinceladas de autenticidad a la situación que vive México en lo que se refiere a ataques y periodistas: en los primeros seis meses crecieron en 150 por ciento en comparación al mismo período de 2021.

El informe establece que solamente en seis meses el crimen organizado realizó 30 ataques contra la prensa, 18 más que en 2021, y esto apenas representa el 9 por ciento de todas las agresiones documentadas en el periodo. Por tipo de cobertura periodística las agresiones representan el 40 por ciento a los que cubren temas de corrupción y política, 36 por ciento contra quienes trabajan notas de seguridad y justicia y el 20 por ciento afecta a los que atienden asuntos de derechos humanos.

De este documento deriva el alto nivel de peligrosidad en que realizan su labor los trabajadores de la información cuyo único propósito es comunicarles a los ciudadanos qué está ocurriendo en los contextos internacional, nacional y local para que de acuerdo con la noción de los hechos tomen medidas adecuadas en los ámbitos de actividad que les atañen.

Los reporteros no alteran la realidad, simplemente la transmiten.

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Los esfuerzos por proteger la labor de periodistas y activistas sociales serán siempre insuficientes si de parte de las autoridades e instituciones continúa la simulación con preocupaciones fingidas y medidas que atienden lo superficial y desdeñan lo estructural.

Por ejemplo, en lo federal funciona el Mecanismo de Protección que únicamente se activa cuando las consecuencias son irremediables y la delincuencia se adelantó ingeniándosela para recibir impunidad.

En Sinaloa, la recién aprobada Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el derivado Instituto de Protección, representan la oportunidad de ir mucho más allá de lo que se ha hecho hasta hoy para darles garantías a medios y comunicadores para que realicen el pleno ejercicio de la libertad de expresión sin morir en el intento. Sólo la voluntad política del gobernador Rubén Rocha Moya, la intervención enérgica del sistema de procuración e impartición de justicia y la solidaridad de la sociedad podrán lograr que se avance hacia el periodismo de calidad que le es fundamental a la democracia, paz, desarrollo y al conjunto de derechos y libertades.

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