Seguridad

Ni AMLO ni SEDENA pueden negar espionaje: Artículo 19

La SEDENA no tenía en 2011, ni tiene en la actualidad, facultades constitucionales ni legales para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, aseguran

Ni el Gobierno federal ni la Sedena desvirtúan lo publicado en la investigación “Ejército Espía”, donde Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso documentan como el ejército mexicano espió a los periodistas Ricardo Raphael, Raymundo Ramos y un periodista de Animal Político mediante el software Pegasus durante la actual administración.

A través de diversos comunicados, Artículo 19 ha defendido la publicación “Ejército Espía” y condenado la revictimización que el presidente ha hecho contra los afectados al utilizar el espacio de la mañanera.

Artículo 19 asegura que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, organismo que documentó las vulneraciones, goza de reconocimiento a nivel mundial; mientras que el presidente y la Sedena “no presentan una sola evidencia científica que refute la intervención de comunicaciones”.

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Por otro lado, más allá de su dicho, el presidente no refuta la evidencia documental que da cuenta de contratos que ha sostenido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 2019 con Comercializadora Antsua S. A de C.V., empresa intermediaria con representación exclusiva en México de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del malware Pegasus.

En este contexto, resulta grave que la SEDENA haya negado la existencia de dichos contratos a la ciudadanía, así como a instancias como la FGR y la Auditoría Superior de la Federación. La promesa del presidente de que dicha información se va a transparentar queda sin sustento, ya que, a la fecha, el Ejército se ha negado a aportarla pública y abiertamente pese a la misma exigencia presidencial en noviembre de 2019 y en julio de 2021.

“La postura del presidente sobre la investigación #EjércitoEspía resulta inexplicable cuando el trabajo de investigación de #GobiernoEspía, que reveló el espionaje contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2017 —realizado por las mismas organizaciones firmantes con apoyo del Citizen Lab— fue respaldado y considerado serio y legítimo por quienes hoy gobiernan el país”.

Por último, la organización consideró preocupante que el presidente de México legitime la labor de “inteligencia” de las Fuerzas Armadas, cuando estas no cuentan con facultades constitucionales y legales para realizar dichas funciones, y mucho menos, sin control judicial.

Esta mañana, el presidente negó el espionaje durante su conferencia mañanera, mientras que la Sedena emitió un comunicado en el que justifican que la institución está autorizada para “realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada”.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, entonces si tienen pruebas, que las presenten”, justificó el presidente.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos porque”, añadió.

Mientras que el ejército justificó que en estas operaciones “se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública y a la vez, reducir el índice de letalidad”.

“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”, indicó el comunicado de la Sedena.

Sobre la contratación de Pegasus, añade, “esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.

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A este respecto, Artículo 19 indica que mientras no se aclaren diversas situaciones que se enlistan a continuación, “ni el gobierno ni la SEDENA pueden afirmar que han aclarado o desvirtuado de forma alguna los hallazgos de nuestra investigación”.

  1. Publicar en su totalidad el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, incluyendo sus anexos técnicos y cualquier información relacionada a su contratación y a la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
  2. Responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la ASF, la FGR y R3D son falsos o auténticos.
  3. Clarificar si las “acciones de inteligencia” incluyen la intervención de comunicaciones privadas.
  4. En su caso, publicar versión pública de cualquier autorización judicial federal otorgada a la SEDENA para la intervención de comunicaciones privadas.
  5. Solicitar pública y formalmente a la empresa NSO Group y al Ministerio de Defensa de Israel que revelen su lista de clientes en México y las licencias de exportación aprobadas, respectivamente.
  6. Mostrar evidencia que desvirtúe el análisis forense elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto que ha concluido que los dispositivos de al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

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