Luego de una maratónica audiencia que duró poco más de 18 horas, el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y seis de sus excolaboradores fueron vinculados a proceso por el presunto delito del desempeño irregular de la función pública, hechos que tienen que ver con la contratación de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos.

Fue en la madrugada de este martes cuando, luego del desahogo de pruebas durante la audiencia de continuación en el Centro de Justicia Penal con sede en Culiacán, que el juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum confirmó, a las tres de la madrugada, la vinculación a proceso de los siete imputados, entre ellos Estrada Ferreiro, para desahogar la investigación durante los próximos tres meses y continuar el 3 de enero del 2023.

Jesús Estrada Ferreiro al momento de llegar al Centro de Justicia Penal el lunes a las ocho de la mañana. Su audiencia terminó después de las 3 de la mañana de este martes.

¿QUIÉNES SON LOS DEMÁS IMPUTADOS?

Junto con el expresidente municipal de Culiacán también están en juicio seis de sus excolaboradores que formaban parte del Comité de Adquisiciones, quienes habrían firmado el contrato de arrendamiento presuntamente irregular. Se trata de:

  • Othón Herrara y Cairo Yarahuán, exsecretario de Ayuntamiento
  • Issel Guillermina Soto González, extesorera
  • Alejandro Amézquita Villaseñor, exoficial Mayor
  • Raúl Alcántar Condo, exdirector de Egresos y Presupuestos
  • María Antonia Sarabia Ibarra, exregidora
  • Angelina Gutiérrez González, exregidora

Durante la fase de argumentos, se recordó que el contrato fue firmado el 12 de octubre del 2020 con la empresa Ketzer SA de CV, por un periodo de 30 meses con costo de 3 millones 920 mil pesos mensuales, pero esta compañía cedió las ganancias a la empresa Grin Leasing Sapiens SA de CV, quien para proporcionar el servicio rentó 40 unidades a Casanova Vallejo SA de CV, quien a su vez las compró a Remolques y Plataformas de Toluca SA de CV.

Tras la interrogación a los dos peritos contables que realizaron el contrato, además de los datos de prueba por parte de la Fiscalía y la investigación de la defensa, el juez decidió que la investigación siguiera para darle continuidad y luego determinar si dicho contrato es legal o no.
Pero de antemano, el contrato fue considerado ilegal debido a que se realizó de forma directa con una empresa, sin licitación de por medio, procedimiento que solo es permitido en causa de fuerza mayor, por lo que la defensa argumentó que la pandemia y la necesidad de recoger los residuos para evitar su acumulación y el posible brote de enfermedades, fue el motivo de la asignación directa.

También salió a relucir que previo a la firma del contrato, el 17 de junio del 2020 se realizó un pequeño análisis de mercado, lo que hace dudar a la parte acusadora sobre la supuesta urgencia para contratar el arrendamiento.

Al final de los alegatos y luego de observar algunas presuntas irregularidades, el juez de control Adán Augusto Salazar dictó el auto de vinculación a proceso a Estrada Ferreiro y los otros seis imputados, esto para complementar la investigación. La sesión continuará el 3 de enero del próximo año.