El gobernador Rubén Rocha debió esperar a que las instancias ministerial y judicial resolvieran la situación legal del ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, antes de designar como secretario de Turismo a quien tiene en curso en la Fiscalía General del Estado una investigación por desempeño irregular de la función pública y varias denuncias ciudadanas integradas a la solicitud de que el Congreso del Estado le instaure juicio político.

La señal que Rocha Moya envía a quienes ejercen la función pública es de impunidad garantizada e inclusive de recompensas de carácter político a quienes desde cargos de gobierno infringen las normas jurídicas, tal como lo hizo Benítez Torres al otorgarle a la proveedora Azteca Lighting un contrato por 400 millones de pesos para la modernización del alumbrado de Mazatlán, pero dicho trato fue opaco, contrario a lo que establece a ley de adquisiciones, e inclusive con las agravantes de alevosía y ventaja.

A pesar de que la Fiscalía General diga que la investigación y diligencias contra “El Químico” continúan su curso, y que el Congreso del Estado ofrezca continuar con las actuaciones que le corresponden en el caso, desde el Ejecutivo estatal emana la instrucción de atenuar la situación, inclusive preparar la posible exoneración, ya que resulta a todas luces incorrecto que se le ascienda en el escalafón gubernamental al presunto implicado en la comisión de un cúmulo de delitos.

De hecho, se echa abajo la consigna esencial que blande la llamada Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar, la cual naufraga en sus intenciones reales y es utilizada para manejos políticos que evidencian que la justicia continúa blandengue, elástica, aplicada con rigor a los enemigos y con benignidad a los correligionarios, desequilibrio que la sociedad observa y opera en detrimento de la credibilidad de las instituciones.

Rocha Moya se anticipó a los resolutivos de la Fiscalía y del Poder Judicial y le tendió un manto de impunidad al ex presidente municipal de Mazatlán, excepto que los hechos que están por desarrollarse en el Ministerio Público y en juzgados demuestren lo contrario.

Por lo pronto, ahí está la “zanahoria” para aquellos que interpretarán esta circunstancia como licencia para la corrupción, al fin y al cabo les espera el premio y el castigo se torna inviable.