Derechos Humanos

CEDH emite recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Se cometieron violaciones a los derechos humanos debido al ingreso al domicilio sin autorización de autoridad competente y la detención arbitraria en perjuicio de una persona

Por acreditarse violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad personal, con motivo del ingreso al domicilio sin autorización de autoridad competente y la detención arbitraria en perjuicio de una persona, atribuidos elementos adscritos a la Policía Estatal Preventiva, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación 13/2022 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

En octubre del 2022, la CEDH recibió una queja donde la víctima manifestó que el 16 de octubre de 2022, al ingresar en su vehículo a su domicilio, agentes de la Policía Estatal Preventiva bloquearon el portón para entrar y detenerlo junto con su acompañante, además de sacar el vehículo en el que se trasladaban del interior del domicilio.

Fueron sometidos, detenidos y trasladados al Tribunal de Barandilla, donde el Juez Calificador instauró un procedimiento administrativo al quejoso y lo sancionó con arresto de 12 horas y multa por la cantidad de 4 mil 811 pesos.

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Por lo tanto, y respetando el artículo Primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo Cuarto Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa, la CEDH le formuló a Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, como autoridad responsable, la siguiente recomendación:

  • Primera. Realice las gestiones necesarias para que se proceda a la reparación integral del daño de QV1 en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.
  • Segunda. Instruya a quien corresponda para que al considerar los actos motivo de la queja, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión, se inicie procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2 y demás elementos que hayan tenido participación en los hechos, para que de resultar procedente y acreditada su responsabilidad, se impongan las sanciones correspondientes, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas del inicio, desahogo de pruebas y resolución.
  • Tercera. Gire instrucciones a quien corresponda para que se diseñen e impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, especialmente sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y en materia de detenciones, para evitar que se incurra en violaciones a derechos humanos como las que dieron origen a la presente recomendación, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.
  • Cuarta. Se dé a conocer el contenido de la presente recomendación entre los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, ello con el ánimo de evitar la repetición de los actos similares a los que por esta vía se reprocha, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.

La presente Recomendación se emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsanen las irregularidades cometidas.

La CEDH aclaró que previo al estudio de las violaciones a derechos humanos de la víctima, “es necesario precisar que por lo que a los actos y omisiones a que se refiere esta Recomendación, atribuidos a agentes de la Policía Estatal Preventiva, se establecen con pleno respeto a la función de la seguridad pública, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, conforme a las facultades y competencias conferidas en la Constitución y en las leyes secundarias”.

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Y añadió que por ello, “se resalta la obligación de las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

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