Las 200 personas halladas con informantes anónimos

En la radio local se escucha la noticia: “integrantes de Las Rastreadoras han encontrado los cuerpos de dos personas”. El periodista se escucha serio, de corte fúnebre y continúa, “el aviso se dio por las autoridades que confirmaron el hallazgo de dos cuerpos atrás de la cartonera, al norte de la ciudad de Los Mochis”.

Las Rastreadoras de El Fuerte, una colectiva conformada por más de 600 familias que buscan a personas desaparecidas en en el norte de Sinaloa, un estado al noroeste de México, recibió un aviso anónimo a través de Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de la organización.

“Buenas tardes, para informarles que tras un aviso de una llamada anónima venimos a localizar un cuerpo en una fosa, detrás de la fábrica conocida como la cartonera, entre bulevar Macario Gaxiola y lateral 18, dren mañanitas”, escribió por WhatsApp a reporteros la madre de Roberto Corrales Medina, quien fue desaparecido el 14 de julio de 2014 y hallado tres años después en un pueblo llamado Ocolome, de zona rocosa que enmarca la frontera natural con la Sierra Madre Occidental.

Un par de horas después confirmó que ahí habían encontrado el cuerpo de una persona más en otra fosa clandestina.

La colectiva ha encontrado a 200 personas con el mismo método durante seis años: aceptar la colaboración de mensajeros anónimos.

-¿Y si esas personas son las agresoras?, se le preguntó a la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte.

“A lo mejor eso pasa y ya no pueden con la conciencia, no están tranquilos ¿y nosotras qué vamos a hacer?, no somos la policía y lo que queremos es encontrar a nuestros tesoros desaparecidos”, responde sentada frente a un escritorio en el que ha colocado una docena de expedientes con fotografías, números de teléfono y los nombres de personas que fueron arrebatadas de sus familias.

Laberinto burocrático

En Sinaloa, de acuerdo con la plataforma de transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda sobre casos de desaparición de personas, se tiene el reporte de 9 mil 72 casos de forma histórica, de los cuales 4 mil 852 siguen sin ser localizadas y otras 878 más fueron encontradas sin vida, la mayoría en fosas clandestinas.

De acuerdo con datos obtenidos por transparencia revelan que la Fiscalía General del Estado documentó entre 2010 y 2019 hasta 547 cuerpos de personas u osamentas en 229 hallazgos.

También se han registrado más de 10 mil restos de huesos humanos, que a la fecha no han sido reconocidos por el laboratorio forense, el cual comenzó a operar desde el 8 de agosto de 2016.

A partir de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desapariciones, se debe hacer un conteo de fosas y presentarlos a la Comisión Estatal y a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, esa Ley entró en vigor apenas en 2018, y antes de eso el registro se hizo por hallazgo, es decir, por número de evento, y no por fosa clandestina.

La mayoría de esos hallazgos los hicieron grupos de familiares de personas desaparecidas, como Las Rastreadoras de El Fuerte, quienes han aprendido técnicas forenses, pese a que ese trabajo debería realizarlo de manera normal la Fiscalía Especial sobre desapariciones forzadas de personas, cuya nómina cuenta con 11 elementos del Ministerio Público para investigar los 9 mil 72 expedientes abiertos después de denuncias oficiales

Acudir a informantes anónimos

Los hallazgos de personas en fosas clandestinas forman parte de distintas búsquedas planeadas a partir de datos dados por informantes anónimos.

Son mensajes de voz o de texto, mapas hechos a mano o con captura de imagen desde celulares para mostrar puntos y zonas geográficas.

Las Rastreadoras aprendieron desde 2014, cuando se fundó la organización y comenzaron a buscar fosas clandestinas que los informantes anónimos así debían permanecer, como un pacto no establecido, solo comprendido por ambas partes.

“Nosotras no sabemos quiénes son los que nos hablan, pero nos imaginamos que muchas personas son los que se llevaron a nuestros hijos, pienso que hasta policías hay involucrados, pero eso ya lo suponemos nosotras”, señaló Mirna Nereyda Medina Quiñónez y luego recuerda que en febrero de este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer una recomendación general sobre desapariciones cometidas por fuerzas estatales.

El organismo analizó 338 expedientes sobre denuncias hechas por personas con familiares desaparecidos ante el organismo, en los que se encontró distintas irregularidades, como:

• Participación de policías en desapariciones
• Falta de seguimiento en expedientes
• Excusas de fiscales para archivar expedientes
• Ausencia de un protocolo para buscar a personas desaparecidas
• Omisión en investigar casos de personas encontradas en fosas clandestinas
• Registro deficiente de muestras de ADN para identificar a personas

“La desaparición de personas ha sido una constante en territorio sinaloense y aún ello, no se advierte una acción coordinada y estructurada de agentes investigadores y de los agentes del Ministerio Público encargados de dirigir las investigaciones correspondientes”, se lee en el documento publicado por la CEDH.

“Pues las acciones que se ubican de las carpetas de investigación analizadas no llevan continuidad, homologación ni seguimiento, pues se advirtió que no en todos los casos se pide revisión de videos, ni se investigan movimientos en cuentas bancarias, como tampoco se rastrean celulares, no en todos se requiere estudios de ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que conlleva a una desorganización evidente y omisiones serias que acrecientan la gravedad de la situación en la que se encuentran las víctimas”.

De los 338 expedientes analizados, al menos en 142 involucran a policías municipales, estatales, de Investigación, al Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa.

Para Carolina Robledo Silvestre, Antropóloga Social y Coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), el uso de informantes anónimos atiende una necesidad basada en la búsqueda de verdad.

Y es esa verdad, señala, que no es otorgada por las autoridades locales como el Ministerio Público o por la Comisión Estatal de Búsqueda.

“El trabajo de registro que han realizado es fundamental para la localización de personas, más allá de los intereses de esos mensajeros anónimos, porque hay que comprender que eso formará parte de la verdad que es tan fundamental para su proceso de justicia, pero eso deberán arreglarlo las autoridades”, opinó Robledo Silvestre.

De las 200 personas que han sido halladas por Las Rastreadoras, al menos 80 ya fueron identificadas con pruebas genéticas, y es así como las mujeres integrantes de la colectiva han podido conocer una parte de la historia de los crímenes.

Sin embargo, el método de búsqueda con informantes no es el más seguro, así lo asegura Óscar Loza Ochoa, activista social y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa.

“El uso de los anónimos no es nuevo, pero no hay que escatimar que las mujeres aprendieron a escuchar sin incurrir en algún delito, que lo hacen porque tienen la necesidad de encontrar a su familiar y ese es un derecho que nadie les puede quitar”, expresó Loza Ochoa.

“Si el fiscal o la Comisión de Búsqueda no hace por activar protocolos para encontrar a personas desaparecidas las mujeres van a seguir investigando por su cuenta, aunque a veces eso no ha resultado bueno para ellas. Tenemos muchos casos de amenazas por lo mismo y es aquí donde la autoridad debe trabajar”.

El método de búsqueda con informantes anónimos ha sido empleado por Las Rastreadoras de El Fuerte desde 2014 y este, asegura la fundadora Mirna Nereyda Medina Quiñónez, seguirá siendo utilizado por la colectiva como un acto de protesta para exigir la localización de sus familiares.

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Este trabajo fue realizado con apoyo de Global Organized Crime Index (https://ocindex.net/) y Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC)