Transparencia

La resistencia de la UAS a que la fiscalice la ASE: si nada debe entonces a qué le teme

La Universidad debe dar muestras de transparencia y permitir que los ciudadanos corroboren el tratamiento honesto del dinero que pagan vía impuestos o como colegiaturas.

En caso de que la Universidad Autónoma de Sinaloa tenga la razón legal al oponerse a la reforma de su Ley Orgánica, lo cual corresponde determinarlo a los tribunales competentes, de ninguna manera le apoya la norma jurídica en la resistencia a que la Auditoría Superior del Estado le revise el manejo de recursos públicos sobre todo del financiamiento estatal que recibe y el rubro de ingresos propios.

Tratándose de una institución pública, y principalmente como centro de educación superior obligado a poner el ejemplo en rendición de cuentas, la UAS debe abrir sus estados contables y administrativos a la ASE y la ciudadanía en general bajo el entendido de que quien nada debe nada teme, de lo contrario estaría propiciando que la omisión se traduzca en sospechas, demandas y especulaciones que derivan de la opacidad.

El martes marcó el inicio de otro diferendo de la Universidad, ahora con el ente fiscalizador mayor, pues al impedir que éste le revise 350 millones de pesos de egresos e ingresos de recursos propios dio pauta a la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía General del Estado el director general de Asuntos Jurídicos de la ASE, Octavio Ramón Acedo, contra el rector Jesús Madueña Molina y del abogado universitario, Robespierre Lizárraga, por el delito de abuso de autoridad y los que resulten.

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En reacción, la UAS acusó que hubo dolo por parte de la Auditoría y negó que la institución de educación superior se negara a atender al equipo de fiscalización que acudió a la sede de Rectoría, que “de manera arbitraria, autoritaria e ilegal quisieron adjuntar un acta que no corresponde con lo que se estaba desarrollando”, considerando además que la diligencia “da luces de un proceso absoluta y totalmente llevado a cabo con irregularidad y evidente ilegalidad”.

La máxima casa de estudios sinaloense debe dar muestras de transparencia y permitir que los ciudadanos corroboren el tratamiento honesto del dinero que pagan vía impuestos o como colegiaturas, estrictamente etiquetado para lograr mayor calidad y pertinencia de la educación preparatoria y superior.

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La obligatoriedad de rendir cuentas, peso por peso, no debe estar sujeta a exenciones y tráfico de influencias que amplíen la franja oscura en la cual la corrupción se lleva el dinero que hace bastante falta para la mejoría del bienestar colectivo.

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