La denuncia interpuesta la tarde de ayer por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica contra el rector Jesús Madueña Molina y demás integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eleva a carpeta de investigación una larga indagatoria sobre el presunto uso irregular de los recursos públicos que la institución educativa recibe de la federación y el estado.

Se trata de la primera ocasión que resulta judicializado un caso de malos manejos administrativos en la casa de estudios, derivado de descuidos en los mecanismos de rendición de cuentas y por negarse a que la Auditoría Superior del Estado le fiscalice las cuentas internas que tienen que ver con el dinero que el Gobierno de Sinaloa le aporta vía subsidios y los ingresos propios que la UAS capta por cuotas estudiantiles y otros servicios que presta.

LEE MÁS: Interpone ASE denuncia contra Rector y Abogado General de la UAS

Un asunto que ronda en la conversación pública desde hace años, pero de manera marcada en los recintos universitarios, parece encaminarse a decisiones definidas por la ley, dándole cauce a las partes confrontadas donde la UIPE deberá presentar pruebas de compras millonarias realizadas en la UAS a través de facturación dispersa para eludir los mecanismos de transparencia, mientras las autoridades universitarias tendrán que dar respuestas jurídicas a las acusaciones y dejar de lado el argumento de que se viola la autonomía de la Universidad con la revisión a sus manejos financieros.

La carga de la prueba le corresponde a la UIPE que realizó la investigación, y demostrar el gasto correcto del recurso universitario será tarea del Rector Madueña y de Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Robespierre Lizárraga Otero y Manuel de Jesús Lara Salazar, que son los que determina qué se compra, cómo y a quién, al tratarse de suministro para facultades, escuelas, dependencias y todo lo que representa el campus.

Ningún sinaloense desea ver a la UAS involucrada en líos que la desprestigian, pero mucho menos quiere ser testigo pasivo de los excesos que se cometen contra maestros, estudiantes y la sociedad en general cuando los recursos que estrictamente deben ser destinados a mejorar la calidad de la educación se desvían a engordar cuentas bancarias o los bolsillos de los expoliadores del alma máter sinaloense.

LEE MÁS: La UIPE denuncia a comité de adquisiciones de la UAS

Ha llegado el momento de conocer la realidad sobre el manejo financiero de la Universidad y los alcances de la norma jurídica en la función de inducir en la rendición de cuentas a este centro educativo.