En materia de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como en cualquier otro asunto sometido a proceso legislativo, el Congreso del Estado está obligado a velar por el beneficio de los ciudadanos en general y marcar distancia de la tentación de ponderar intereses particulares, ya que al ser representación popular obedece a lo que la sociedad determine como de alta prioridad parlamentaria.
La 64 Legislatura procede a distorsionar el concepto de asamblea del pueblo al evidenciarse defendiendo el interés de los concesionarios del transporte público y postergar leyes de alta pertinencia en movilidad y seguridad vial, a pesar de que las principales ciudades sinaloenses padecen las consecuencias de pérdida de vidas humanas en percances de tránsito y la supremacía del peatón sobre el automóvil se torna cada vez más letra muerta.
Sucede que desde hace seis meses debió ser aprobada la norma que conjunta y moderniza esfuerzos interinstitucionales en movilidad y seguridad vial, pero al irrumpir los empresarios transportistas con una serie de planteamientos a su favor, el Poder Legislativo volvió a retroceder casi al inicio del procedimiento camaral y relegó por enésima ocasión un tema que para Sinaloa significa, así literalmente, cuestión de vida o muerte.
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Para asombro de quienes creen que Sinaloa vive la innovación de las instancias de gobierno y legislativas, es la bancada del Movimiento Regeneración Nacional la que obstruye el avance en este ámbito pues bastaría con que utilizara su mayoría en el Congreso para que se den en definitiva los pasos fundamentales hacia ciudades modernas, humanitariamente organizadas.
Los legisladores del segmento que se autodenomina Cuarta Transformación proceden a enseñar el cobre al ceñir su labor a los apetitos de prestadores de servicios de taxis, pulmonías, pasaje urbano y otros.
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Cuidado con confundir las demandas ciudadanas con los apetitos de sectores o de políticos que intentan llevar agua a sus molinos, robándoles a los sinaloenses las oportunidades de bienestar y seguridad. El equilibrio entre los transportistas privados y la movilidad sustentable con vialidades seguras ha de ser el producto que la Cámara local ofrezca a los ciudadanos, no el botín que Morena les esté preparando a sus candidatos con miras al proceso electoral de 2024.
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