El enfrentamiento entre dos grupos delictivos que ocurrió la madrugada del jueves en la sierra de Badiraguato refrenda que el comportamiento de la seguridad pública en Sinaloa depende más de las decisiones que adopte el crimen organizado y no de los operativos, mesas de coordinación o despliegues de Guardia Nacional y Ejército que implementa el gobierno cuyo único aporte a la paz es insistir en que los índices de violencia de alto impacto van a la baja.
El choque entre células rivales del narcotráfico registrado en la zona de San José del Llano, que privó de la vida a tres personas, certifica la existencia de dos realidades que también colisionan entre sí: la de las autoridades federales y estatales que intentan mostrarse exitosas en lo que corresponde a protección de la población, y ciudadanos que se sienten en permanente peligro al ver cómo transitan libremente los sicarios con sus arsenales y cometen los homicidios donde quieren y a la hora que lo decidan.
Desde enero de 2024 los homicidios dolosos reportan el preocupante repunte después de dos años de ir en lento descenso, sin embargo, los hechos esporádicos que retan la capacidad de asombro de los sinaloenses y las estrategias gubernamentales anticrimen le aportan a la tesis pública que sostiene que hay menos asesinatos cuando las células del Cártel de Sinaloa operan en armonía o más al existir rupturas entre estas.
El Gobierno de Sinaloa, por ejemplo, sí posee una buena capacidad de reacción que es posterior a los sucesos violentos de alto impacto, aunque en cuestiones de prevención luce rebasado por la delincuencia que lo enceguece al eliminar las cámaras de vigilancia, que le conoce paso a paso la movilidad de la fuerza pública a través de la red de punteros, y que le mide a la perfección la táctica militar-policial consistente en hacer creer que existen en el territorio estatal bastantes elementos para contener al crimen y a la hora de que suceden los delitos tal acción de pacificación brilla por su ausencia.
Se necesita mejor organización en la dispersión de policías y militares en el territorio estatal, mayor trabajo de inteligencia asociada a los operativos, y principalmente voluntad y capacidad de los funcionarios de seguridad pública con tal de que la ciudadanía vea el dominio del gobierno por encima de la superioridad numérica y logística del hampa.
Lo ocurrido en Badiraguato, con el retorno de la saña que cumple la función de advertencia generalizada, trae también de vuelta el miedo a que el crimen se sitúe como poder de facto en poblaciones, regiones y municipios.
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