Por Sibely Cañedo
Por quinta ocasión, el pasado 24 de mayo fue diferida la audiencia para imputar al ex alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres y a parte de su gabinete por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Ya sea por cambio de abogados, ausencias o por solicitud de la defensa para contar con más tiempo para revisar las carpetas de investigación, el químico Benítez y su comité de compras han recurrido al recurso de posponer las audiencias, en lo que apunta a ser una estrategia para dilatar el proceso y ganar tiempo.
Por los antecedentes del bajo desempeño de la Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa, este tipo de prácticas son una mala señal que pone en alerta a la sociedad sobre los riesgos de que los imputados busquen acuerdos de impunidad, que puedan llevarlos a obtener un trato preferencial en detrimento de las arcas públicas y de la ciudadanía, en lo que sería una especie de impunidad judicializada con el objetivo de evadir la justicia, dentro del propio sistema.
Se trata de una de las acusaciones de corrupción más escandalosas de la historia de Mazatlán.
En sesión del 02 de marzo de 2022, el comité de adquisiciones del Ayuntamiento autorizó la compra de 2,139 luminarias a la empresa Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos, por adjudicación directa sin una justificación suficiente, a juicio de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, asociación civil denunciante y quien dio a conocer el caso a la opinión pública.
Además de Benítez Torres, se encuentran involucrados Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas Municipales; Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex coordinador de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; y José David Ibarra Olmeda, ex director de Servicios Públicos.
Esta fue la compra más polémica pero no la única realizada por adjudicación dudosa a Azteca Lighting, pues en la primera administración del Químico, se compraron 198 luminarias, por el monto de 34 millones 971 mil 046.64 pesos, en un contrato celebrado en el 2021; por lo cual también se hallan implicados el ex oficial mayor Javier Lira González; el ex secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; y otro ex director de Obras, José Daniel Tirado Zamudio.
Al ser un juicio multitudinario se esperarían algunas dilaciones propias de los procesos judiciales; sin embargo, desde la audiencia del 28 de abril celebrada en el Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro, en Culiacán, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum advirtió al Químico que, de solicitar un cuarto cambio de defensor, podría entenderse como una táctica dilatoria.
A esta diligencia Iniciativa Sinaloa acudió para constatar cómo será el tratamiento del caso y el actuar de las autoridades.
A pesar de las advertencias del juez, el 23 de mayo, la audiencia fue postergada nuevamente, ahora por la ausencia del abogado que comparten Javier Lira y José de Jesús Flores Segura; y al día siguiente sucedió lo mismo con el litigante de otro de los imputados, José David Ibarra.
Al respecto, el juez de control indicó que en la próxima audiencia estará presente un defensor público por si se repite esta situación, según se relató en las crónicas periodísticas.
No solo preocupa la actitud dolosa con la que estos ex servidores públicos podrían estar obstaculizando el proceso, sino también la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente a cargo de Nereida Avilés Aceves. En teoría, es la instancia que debe defender los intereses de la ciudadanía, al final de cuentas la más agraviada en el uso de los recursos que deberían estar al servicio de todos. Sin embargo, en estudios recientes ha sido señalada por su bajo rendimiento.
Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa en números rojos
Para contextualizar, es importante recordar los resultados de la investigación Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción, elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la asociación Tojil Estrategia Contra la Impunidad, que abarca datos de 29 fiscalías de 2020 a 2022.
Según el estudio, la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa se encuentra entre las 10 peores del país.
Se detectaron deficiencias como la falta de autonomía, un deficiente uso de los recursos, el cumplimiento deficiente en las investigaciones, falta de presupuesto y de personal especializado.
Sinaloa es uno de los estados donde el nombramiento depende directamente del o la titular de la Fiscalía en turno, lo cual según la investigación: “implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad en tanto la persecución de los delitos depende directamente del Fiscal del estado”.
El reporte del IMCO y Tojil dio a conocer que el presupuesto se redujo de 64.4 millones de pesos en 2020 a 39.7 millones de pesos en 2022.
El número de personas que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción también disminuyó: de 8 policías de investigación en 2020 pasó a 4 en 2022. La de Sinaloa es una de las tres fiscalías con menos de 10 personas asignadas en la Fiscalía Anticorrupción junto con Guerrero y Yucatán.
A nivel nacional, de 19,289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, solo 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia.
Mientras tanto en Sinaloa, para 2020 hubo 64 investigaciones iniciadas, de esas 6 fueron judicializadas y 2 tuvieron sentencias condenatorias en lo penal; y en 2022 se registraron 29 investigaciones iniciadas, solo 1 ha sido judicializada y aún no se tiene sentencias, el caso del ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.
Las debilidades institucionales que muestra la Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa, si bien no es un problema privativo de esta entidad federativa, abonan a un clima donde el combate a la corrupción no se presenta de manera sistemática e imparcial, sino que obedece al ámbito político y al ejercicio de una justicia selectiva.
En Sinaloa, llama la atención cómo los adversarios del gobernador Rubén Rocha Moya son los que han sido llevados a las instancias judiciales, por lo que los procedimientos no están exentos de señalamientos de ser más bien ataques por motivo de persecución política y resultado del autoritarismo, independientemente de los elementos de prueba.
Donde no privan criterios estrictamente jurídicos, se corre el riesgo de que los casos por corrupción terminen en acuerdos o arreglos “en lo oscurito” en perjuicio del interés ciudadano, por lo que sostenemos que en el caso del “Químico” Benítez y su gabinete debe prevalecer la transparencia del actuar de la Fiscalía Anticorrupción, la cual está obligada a defender al H. Ayuntamiento de Mazatlán y a buscar que se alcance justicia, a través de investigaciones profesionales y exhaustivas.
No solo a buscar las penas proporcionales de comprobarse los delitos que se imputan, sino sobre todo procurar la reparación del daño a las arcas públicas, es decir, a que los responsables en este caso de la compra irregular de luminarias y del pago adelantado de más de 60 millones de pesos a una empresa devuelvan el dinero que ha perdido el erario por estos actos.
Es primordial impedir así un escenario donde impere la impunidad incluso dentro de los procesos judiciales, evitando que estos se conviertan en una simulación para lastimar de nuevo a la más afectada: la sociedad sinaloense.
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La nueva fecha es el 21 de junio a las 10:00 horas, en la sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral zona centro; la audiencia de este 24 de mayo duró solo 5 minutos, comenzó a las 10:03 horas y culminó a las 10:08.
Cronología
- 01 marzo 2023: Fue programada audiencia inicial por la compra irregular de luminarias; sin embargo, la defensa alegó que requería tiempo para revisar la carpeta de investigación, compuesta por 20 mil 991 fojas.
- 12 abril 2023: El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, cambió de abogado y además la Fiscalía les entregó dos nuevos tomos de la carpeta de investigación con más de mil fojas y la audiencia fue diferida nuevamente.
- 28 abril 2023: Benítez Torres informa de un nuevo cambio de abogado. Se trata del licenciado Cristóbal Gabriel González Jiménez, quien suple a José Corral Saavedra.
- 23 mayo 2023: Pese a que la audiencia fue programada con casi un mes de anticipación, dos abogados defensores de imputados no asistieron aduciendo motivos laborales.
- 24 mayo 2023: Ahora fue el abogado de otro de los imputados el que no acudió a la audiencia, por lo que la nueva cita quedó fijada para el 21 de junio a las 10:00 horas.
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