Hace unos días, un grupo de congresistas estadounidenses acusaron al gobierno mexicano de violar el T-MEC en materia energética, pues se percibe que protege y otorga un trato preferencial a las instituciones de energía Estatales como son la CFE y PEMEX. Con esto, el país vecino se unió a la lista cada vez más larga de actores políticos, económicos y sociales que se preocupan por el retroceso de México en esta materia.

Hace algunos años, México se posicionaba como campeón regional en energías renovables. Con sus acciones y proyecciones futuras, nuestro país se perfilaba para poner el ejemplo a las naciones latinoamericanas. Nos pusimos de meta producir 30% de energía renovable hacia el año 2021, situación que podría aportar miles de millones de dólares a la economía mexicana en el mediano plazo además de atraer inversiones y generación de empleos.  No obstante, esta situación cambió con la llegada de la administración federal actual, cuyo comportamiento ha levantado alarmas en gobiernos e inversionistas tanto locales como extranjeros.

A raíz de dicha situación, medios nacionales e internacionales han cuestionado la postura del presidente y su gabinete, alzando la voz para señalar que el Gobierno Federal ha tomado medidas para bloquear proyectos existentes- e incluso en marcha- para generar energía eólica y solar.

Primero, el Centro Nacional de Control de Energía detuvo de manera indefinida los procesos para que las nuevas plantas de energía limpia pudieran entrar en funcionamiento. Después, la Secretaría de Energía amplió sus facultades para poder limitar la producción de este tipo de energías y rechazar nuevas solicitudes de plantas de energía.

El argumento de las autoridades es que buscan garantizar el suministro de electricidad en el país durante la situación de emergencia sanitaria del COVID-19…  pero, a ojos de cientos de analistas y periodistas de dentro y fuera del país, esta medida forma parte de un plan para asegurar la permanencia de la CFE y PEMEX, ambas empresas basadas en energías no renovables que, por si fuera poco, son dañinas para el medio ambiente y la salud de los mexicanos.

El impacto de dichas medidas fue tal, que Greenpeace, agencia internacional del cuidado del medioambiente, interpuso una demanda al tiempo que la Comisión Federal de Competencia Económica solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una suspensión de dichas medidas alegando prácticas monopólicas.

Sin embargo, la semilla de la incertidumbre había sido sembrada ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece hacer caso omiso de compromisos internacionales-e internos- que nuestra nación había firmado desde hace tiempo. Uno de estos es el Acuerdo de París firmado a finales de 2015, cuya calidad de tratado internacional debía ponerlo al mismo nivel que nuestra Ley, y las leyes de Transición Energética y de Cambio Climático que pretenden, precisamente, reforzar el desarrollo nacional hacia modelos energéticos sustentables y amigables con el medio ambiente.

Estas medidas no solo atacan directamente al empresariado, sino que también disminuyen la confianza extranjera y, por tanto, la atracción de inversiones de grandes empresas. Solo los más osados se atreverían a invertir en una nación que ignora sus leyes, acuerdos y compromisos tras un cambio de administración. La frustración por esta situación no se basa únicamente en la pérdida de confianza de la comunidad internacional hacia nuestro país y en el retraso de las inversiones y generación de empleos que tanto nos hacen falta, sino que también abarca la preocupación por la salud de los mexicanos.

Los mexicanos contamos con condiciones de salud lejos de ser óptimas, situación que la pandemia ha puesto en evidencia al llevarnos a alcanzar cifras de mortalidad que superan a las de otras naciones. Además de que 3 de cada 4 personas presentan problemas de sobrepeso u obesidad, las enfermedades respiratorias son causa primordial de muerte en nuestro país.

Si bien no todos los problemas respiratorios son causados por condiciones ambientales, lo cierto es que la contaminación empeora la situación de salud de millones de mexicanos. Según estimaciones presentes en un documento difundido por el Consejo Coordinador Empresarial, la implementación de energías renovables permitiría reducir 54 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los principales contaminantes atmosféricos en la actualidad.

Imaginemos un México autosustentable en materia energética que sea además responsable con el medio ambiente y su sociedad. Ese sueño es posible, priorizando a la gente y al planeta sobre intereses de particulares e ideologías que nos harían retroceder décadas en el tiempo.

¡Nuestro país tiene todo para posicionarnos como una de las potencias mundiales en producción de energía solar, ya que, de acuerdo con fuentes internacionales, más del 80% de nuestro territorio es óptimo para proyectos de dicha índole! El mundo está avanzando hacia una existencia más limpia y responsable, ¡no permitamos que nuestro hermoso México se quede atrás!

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